Estas son las ‘amenazas’ que rondan el sistema pensional en Colombia; analistas explican el panorama

En el país hay un poco más de dos millones de colombianos jubilados que reciben una mesada para su sostenimiento en la edad adulta.

Actualmente, Colpensiones (régimen público) responde por 1.869.567 pensionados y los fondos privados por unos 200.000. Además, existen unas 8,5 millones de personas en edad de jubilarse, pero ello no implica que van a recibir una pensión, pues la realidad es que solo una de cada cuatro colombianos lo logra.

El panorama no es bueno y muchos analistas han advertido la baja cobertura del sistema que fue reformado con la Ley 2381 de 2024, la cual debía entrar en vigencia en julio de 2025, pero su puesta en marcha está suspendida por orden de la Corte Constitucional.

Sumado a esto, el Gobierno Nacional ha anunciado varios decretos que están cambiando las reglas de juego de las AFP (Administradoras de Fondos Privados de Pensiones), en las que tienen sus ahorros 19 millones de colombianos, de los cuales más de 9 millones están activos, es decir que siguen cotizando.

Estos hechos generan incertidumbre sobre el futuro del régimen pensional nacional y prenden las alertas de quienes aspiran a tener una protección en la vejez.

Luis Fernando Mejía, gerente de la consultora Lumen Economic Intelligence, considera que hoy el sistema enfrenta tres focos principales de incertidumbre: primero, lo jurídico, porque la reforma pensional tiene suspendida su entrada en vigencia, mientras la Corte Constitucional revisa vicios de trámite, por lo que el país sigue operando bajo la Ley 100 de 1993, sin saber qué pasará con la nueva norma.

Segundo, dice el analista, la incertidumbre fiscal y de sostenibilidad, asociada al aumento del pasivo pensional del país y a la presión estructural que implica un sistema aún con baja cobertura y altos subsidios implícitos.

Cabe recordar que las mesadas de Colpensiones salen de las cotizaciones de los colombianos, pero en especial dependen del Presupuesto de la Nación, mientras que las mesadas de las AFP salen del ahorro que hacen los trabajadores toda su vida.

Y el tercer foco de incertidumbre, dice Mejía, está relacionado con la transición, ya que millones de afiliados no tienen plena claridad sobre en qué régimen terminarán ni cómo se implementará el nuevo esquema de pilares si la reforma entra en vigor.

“Aunque en el corto plazo el efecto práctico en los colombianos es limitado: los afiliados siguen cotizando bajo las reglas de la Ley 100, la demora en que entre en vigencia la nueva ley prolonga la incertidumbre sobre decisiones clave (por ejemplo, traslados de régimen) y puede generar congestión operativa y litigiosidad”, comentó.

La reforma pensional, que está en suspenso, introduce un sistema de pilares y fortalece el régimen público, dado que todos los colombianos tendrán que cotizar en Colpensiones (hasta 2,3 salarios mínimos). Si las personas cotizan más de esto, ese aporte debe ir a un fondo privado.

Por ahora, lo único que está vigente es la oportunidad de traslado de regímenes. Es así como entre el 16 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2026 119.619 personas, afiliadas a las AFP, se han traslado a Colpensiones.

Frente a la dudas del sistema pensional, el experto en pensiones Marcelo Duque añade otros dos focos de incertidumbre: uno, la intención del Gobierno Nacional de traer los recursos invertidos que tienen los fondos privados en el exterior a Colombia.

“Eso podría generar menos rentabilidad y va a impactar, en el tiempo, a los trabajadores que de manera libre han escogido los fondos privados, porque si los ahorros de los colombianos generan menos rentabilidad, eso implica menos mesadas para los futuros jubilados”, explicó.

Y el segundo foco, comentó Duque, es la propuesta reciente del Gobierno Nacional de obligar a los fondos de pensiones a entregarle a Colpensiones el ahorro de las personas que se trasladaron a esa entidad (119.000), contrariando lo que dice la nueva ley, que estipula que las administradoras privadas invertirían estos dineros hasta que la persona cumpla su edad de jubilación, momento en que se haría el traslado del dinero al ente público.

“Me parece que eso es muy delicado, porque esa plata no es de los fondos privados, es la sumatoria de cada uno de los aportes de los trabajadores. Es dinero del trabajador que ha escogido libremente un fondo para que ese dinero rente y que el Gobierno decida usar ese recurso en otra cosa es muy peligroso”, sostuvo.

Para este analista, hoy sí se vive un momento de incertidumbre importante: “El llamado es que todos los trabajadores dependientes hagan seguimiento al tema. Ojalá en las próximas semanas la Corte se pronuncie. Creo que la reforma tiene cosas positivas, todo hay que decirlo, pero también tiene cosas dolorosas, porque para todo aquel menor de 40 las mesadas van a ser mucho más bajas” (ver columna).

De acuerdo con un análisis de Anif, la medida planteada por el Ejecutivo de trasladar, de forma inmediata, los ahorros de los que se trasladaron de fondos privados a Colpensiones (unos $ 25 billones) tendría efectos negativos en el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas.

Allí se aclaró que esos recursos que hoy se están ahorrando para pagar las pensiones de mañana se usarían para cubrir obligaciones actuales del Estado, por lo que el fondo se agotaría más rápido, afectando el pago de pensiones a futuro: “En la práctica, los saldos transferidos ingresarían directamente a Colpensiones y se utilizarían para financiar el pago de mesadas actuales, sin destinarse a la constitución de reservas para obligaciones pensionales futuras”.

Con esta decisión, explicó Anif, el Gobierno Nacional liberaría caja, es decir, tendría recursos ‘libres’, pero a costa de presiones adicionales en el futuro que se deberán compensar mediante mayores ingresos tributarios o ajustes en el gasto.

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha defendido la medida, asegurando que esa decisión no es ilegal porque la reforma pensional (que dice que solo se podrían mover esos dineros a Colpesiones cuando las personas se jubilen) no ha entrado en vigencia.

Esta decisión sigue en un borrador de decreto que aún no está firme.

Otros riesgos

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, gremio que agrupa a los fondos privados de pensiones, añadió otras eventuales amenazas al sistema.

“El principal riesgo que vemos en este momento está relacionado con las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Hay peligro de que los colombianos queden desprotegidos frente a estas contingencias. Esto se debe, por un lado, al fuerte incremento del salario mínimo y, por otra parte, a que el Gobierno dejó de cubrir parte de lo que se denomina deslizamiento, que es lo que le correspondía cubrir cuando el salario mínimo sube, por razones políticas, más de lo normal”, explicó.

Agregó que, por las mismas razones, hoy es mucho más costoso acceder a una pensión de vejez, comparado con hace tres meses, lo que obliga a algunos afiliados, que estaban a punto de pensionarse, a cotizar hasta diez años más.

“Y, por eso, algunos pensionados han visto reducirse su mesada”, dijo.

Coincidió Velasco en que esto se suma al riesgo que tendría una posible repatriación forzosa de las inversiones que tienen los fondos de pensiones en el exterior, lo que podría reducir los rendimientos de estos y, a la larga, hacer más difícil jubilarse y “reduce la expectativa de pensión”.

Actualmente, los fondos privados administran recursos por $ 548 billones de los trabajadores y, según datos de Asofondos, desde su creación han generado rendimientos que corresponden al 70 % de ese monto.

Para Asofondos, desinvertir parte de ese dinero, en el corto plazo, puede desvalorizar los títulos (inversiones) afectando al Gobierno Nacional y a los trabajadores.