Gremios alertan por decreto que afectaría las pensiones; habría menos jubilados e impactaría el monto de las mesadas

El Gobierno Nacional a través de un decreto quiere modificar las normas pensionales que rigen hasta ahora y que permiten que las personas que están en los fondos de ahorro individual logren su jubilación.

Según la alerta de Asofondos y Fasecolda, con esta iniciativa se afectaría el número de pensionados, pensiones más bajas y desprotección para las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, señaló que de aprobarse este proyecto se desfinanciarían las pensiones de los colombianos, además de que comprometerá la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados.

“El impacto de esta iniciativa será diverso: para los pensionados de vejez se requerirá un mayor ahorro para poder acceder a la pensión y para los pensionados de invalidez y sobrevivencia se verá comprometida la protección que hoy brinda el seguro previsional, pues su aseguramiento dejará de ser viable”, explicó.

Agregó que, el proyecto de decreto constituye una medida regresiva, ya que reduce el nivel de protección actualmente garantizado a los afiliados y pensionados. Además, tendrá efectos sobre las finanzas de la Nación, pues constitucionalmente, el Estado debe garantizar las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

“Si el decreto hace inviable el aseguramiento previsional, la Nación tendría que hacerse cargo de las pensiones de aquellas personas que queden en condición de invalidez, así como de las viudas y huérfanos de quienes mueran antes de la edad de pensión. Además de afectar a los trabajadores, con este decreto la Nación tendrá mayores obligaciones financieras. Estos recursos podrían fortalecer programas solidarios como el de Colombia Mayor, u otras necesidades”, aseguró Velasco´.

Y es que, según Velasco, si bien el decreto puede darle un alivio fiscal al Gobierno en el muy corto plazo, también genera una presión financiera sobre la Nación, que surge de hacerse cargo de las pensiones y genera una obligación de $2 billones, en promedio, en los primeros 10 años.

Por su parte, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, gremio que agrupa a las aseguradoras del país, señaló que en caso de que expidan el decreto, afectará la capacidad de pensionarse de los colombianos.

Además, comprometerá la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados.

Según el análisis de los gremios, la medida modificaría las reglas del llamado “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan a la par del salario mínimo cada año.

“Las pensiones de invalidez y sobrevivencia también estarían comprometidas porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro individual, Rais”, afirmó Morales.

Según estimaciones de ambos gremios, de materializarse dicho decreto, el cambio propuesto llevará a que las personas deberán aportar cerca de un 30 % más al sistema para poder acceder a una pensión a través de una renta vitalicia.

“Por esa razón, menos colombianos lograrán pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas”, señalaron.

De acuerdo con Fasecolda y Asofondos, cambiar las reglas que garantizan hoy el derecho a la pensión mínima sin un análisis integral, podría dejar a millones de afiliados desprotegidos y, de paso, con mayores costos para el país.

Tanto Fasecolda como Asofondos, hicieron un llamado al Gobierno Nacional, para que cualquier modificación al marco regulatorio del sistema pensional sea evaluada desde una perspectiva integral y sistémica.

“Invitamos al Ministerio de Hacienda a que revisemos conjuntamente las consecuencias adversas que podría generar el proyecto de decreto publicado y a procurar de manera armónica que las normas se articulen, para evitar regulaciones fragmentadas, inconsistentes o incluso contrarias a los objetivos del sistema, especialmente debido a la interdependencia que caracteriza a las disposiciones en materia pensional”, puntualizó Morales.