Constructoras que suban el precio de la vivienda con el salario mínimo deberían ser investigadas, afirma presidente Petro

Las constructoras que incrementen el precio de la vivienda basado en el 23 % del salario mínimo deberían ser investigadas. Así lo afirmó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, quien en su mensaje solicitó a la Superintendencia de Vigilancia asumir la investigación y ejercer control sobre los costos.

“Esta es una estafa delictiva y solicito realizar las investigaciones y sanciones respectivas. Solicito al Ministerio de Vivienda abstenerse de girar recursos de subsidio a las constructoras que estén en este momento estafando a sus clientes”, aseguró.

Igualmente, aseguró que el costo laboral en las construcciones “es solo una parte del costo total de la construcción. Muchos de los materiales importados de la vivienda nueva han caído de precio”.

Como respuesta a lo dicho por el Mandatario, Camacol, el gremio que agrupa a las constructoras en el país, le recordó que los topes de los precios de la vivienda de interés social, VIS, quedaron definidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que fue aprobado por el propio Gobierno de Gustavo Petro y se encuentran indexados al salario mínimo.

“Desde el gremio constructor no se han definido incrementos de precios. El aumento del salario mínimo tomó por sorpresa a toda la economía y se suma a un contexto ya crítico, en el que más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del programa Mi Casa Ya”, argumentó el gremio liderado por Guillermo Herrera, en un mensaje por al cuenta de X de la agremiación.

Asimismo, señaló que en este momento la prioridad no es la confrontación política, sino “acompañar a los compradores para que puedan acceder a vivienda propia y proteger la viabilidad del sector, incluso en medio de la incertidumbre creada por sus decisiones de política pública”.

Esto dice la Ley

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, PND, la vivienda de interés social, VIS, es aquella que se desarrolla con el propósito de garantizar el derecho a una vivienda digna para los sectores más vulnerables. Este tipo de proyectos debe cumplir con estándares de calidad en diseño urbanístico y arquitectónico, así como con criterios de construcción sostenible.

En cuanto a su valor, el documento establece que no puede superar los 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que para 2026 equivale a cerca de $235,8 millones.

No obstante, el Plan contempla una excepción para las grandes capitales del país. En ciudades con más de un millón de habitantes como Bogotá, Medellín o Cali, el valor máximo permitido para una vivienda VIS asciende a 150 salarios mínimos, es decir, alrededor de $262 millones, atendiendo a los mayores costos del suelo y de la construcción en estas zonas urbanas.

En el caso de la vivienda de interés prioritario (VIP), destinada a los hogares con menores niveles de ingreso, la ley es aún más restrictiva. El PND recuerda que el precio tope de estos inmuebles es de 90 salarios mínimos, lo que para 2026 representa aproximadamente $157 millones.

Expertos en el sector coinciden en que el Presidente no puede prohibir a las constructoras aumentar los precios, dado que estos se encuentran indexados al salario mínimo, tal como lo establece la normativa vigente. A su juicio, cualquier cambio de fondo debería pasar por una modificación legal de la fórmula actual.

“Su propuesta es ilegal mientras no cambie la ley”, sentenció el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, al referirse a los planteamientos del Gobierno sobre la contención de precios.