Zona Diamante
El próximo 15 de agosto, cuando se cumpla el plazo jurídico para la terminación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), el Gobierno Nacional reubicaría 11 de las 25 zonas, debido a que coinciden con puntos de riesgo de seguridad para los excombatientes.
Seguirán operando bajo la misma figura 13 de ellas, que tienen fácil acceso a la solución de las necesidades básicas y no afectan las jurisdicciones de las comunidades minoritarias protegidas por la Constitución. De esto y otros temas habló Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN).
¿Cómo fortalecer la confianza entre los excombatientes cuando hay incertidumbre sobre la existencia de los ETCR, cuyo plazo vence en agosto?
Los ETCR no estaban en el Acuerdo. Lo que allí se definió fueron las famosas zonas veredales. Ahí fue donde ellos dejaron sus armas e hicieron su proceso de acreditación, de acantonamiento y normalización. Para ese momento había un régimen jurídico que no les permitía a los excombatientes salir de esas zonas porque podían ser procesados por la justicia o capturados. Una vez finalizó, ellos se desagregaron en muchos municipios donde tenían arraigo por sus familias, quedando dentro de esas zonas 3000 o 3600 exmilitantes.
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El Gobierno ha mostrado un compromiso con esos espacios, con el objetivo de potencializar la reincorporación colectiva e individual, social y económica del colectivo Farc. Tras ese proceso se estableció un régimen jurídico que duraba dos años, plazo que termina en agosto y ya estamos desarrollando una consolidación de esos espacios con el Estado.
¿Y en qué consiste esa consolidación de los espacios?
Hicimos un análisis muy riguroso, de la mano de la Consejería para la Estabilización, en el que se definió que existen 13 ETCR con perspectiva de consolidarse en los territorios, pero hay otros con barreras. Eso no quiere decir que se van a suprimir, sino que estamos tratando de superar aquellas limitantes jurídicas, técnicas o financieras para consolidarlos. Actualmente, estamos diseñando una hoja de ruta para 13 espacios de los 24 que hay, teniendo en cuenta las dinámicas territoriales para que esa figura se consolide y haga parte de los municipios como centros poblados o pequeños caseríos en el marco del desarrollo que tenga cada ente territorial.
¿Qué variables se evalúan?
Sumamos cinco variables fundamentales: Una, la disposición de la tierra en donde se debe tener presente qué características tiene ese tipo de predio, si tienen vocación para consolidarse en los territorios y que no estén afectando alguna reserva ambiental. Dos, la seguridad en todas sus dimensiones; tres, cómo es la provisión de bienes y servicios como acueducto, energía y gas. Cuatro, el territorio tiene que ser apto para proyectos productivos con su comercialización y distribución. Y quinto, capacidad de los entes territoriales para absorber a esta población. Por ejemplo, hay municipios que no van a poder con una nueva demanda de salud, educación, alimentación. No podemos olvidar que los excombatientes no hacen parte de guetos.
¿Qué va a pasar con los 11 ETCR que pueden quedar ‘volando’?
Actualmente, tenemos dos espacios territoriales —uno con grupos étnicos en Caldono (Cauca) y otro con colectivos afro en el Chocó—. Si llegamos a un proceso de concertación con las comunidades donde los excombatientes sean recibidos en el marco de la reincorporación, sería perfecto y nos quedaríamos en los territorios. Pero, en caso de que no se logre, debemos identificar qué otros territorios son aptos para promover la reincorporación del colectivo de Farc.
Los territorios con limitantes serán reubicados, pero ese proceso va a impactar a los reincorporados al tener que salir de un espacio que ya veían como suyo...
Estamos siendo muy serios con la estrategia que se implementará, hemos dialogado con cada uno de los excombatientes para que esa transición, obviamente no vamos a decir que no generará molestias, sean mínimas. Aquí resalto que no debe haber incertidumbre frente al compromiso de la ARN en apalancar y mantener ese lazo con la reincorporación de los excombatientes que están en todos los espacios territoriales, pero este proceso va a contar con acompañamiento institucional.
En el caso de los proyectos productivos que se vienen desarrollando en los territorios con limitaciones, ¿se congelarán?
No, esta es una de las mil estrategias que se tienen en el marco de la reincorporación. En el foco económico de proyectos productivos hemos acelerado todo el tema de la formulación y el acompañamiento en el marco de un proceso de construcción conjunta con los colectivos de Farc. A la fecha llevamos 186 proyectos productivos en favor de la población, eso es un gran avance porque cuando llegamos en agosto de 2018 solo se habían desembolsado dos proyectos: uno en Miravalle (Caquetá) e Icononzo (Tolima). Del total que llevamos ahora, 24 son colectivos con 17 desembolsos que involucran a más de 1757 personas, con inversiones cercanas a los $18.000 millones. Algunos se desarrollan en el interior de los espacios territoriales y otros en los municipios donde ellos se concentran, pero ahí daremos todo el acompañamiento.
En esa rigurosidad, ¿qué se tiene en cuenta para aprobarlos?
Son 84 variables en la ficha técnica que se revisan, pero se las resumo en enfoque de género, impacto ambiental, sostenibilidad y comercialización, que es dónde se vara el 80 % de los proyectos productivos en su formulación o implementación.
¿Qué tanto tiempo les toma aprobar los proyectos productivos, para que esto no genere represamiento?
Hemos creado un mecanismo tripartito entre Gobierno, Farc y la cooperación internacional para identificar las iniciativas productivas. Hasta el momento, hemos identificado más de 255 iniciativas productivas de confecciones, muñecas, cerveza y más. Sin embargo, la formulación de un proyecto productivo no implica necesariamente su aprobación si no viene con su evaluación y para saber si esa idea tiene sostenibilidad de largo aliento. En cuanto al tiempo de aprobación. depende del tipo de proceso que se genere.
En los proyectos de carácter individual, el relacionamiento es del excombatiente directamente con la ARN. Frente a los proyectos colectivos, el mecanismo cambia porque hay una figura política que se estudia en una mesa técnica conformada por Farc y ARN. Hemos tenido proyectos que pueden llegar a durar entre 2 o 3 meses, pero hay otros que pueden tomar mucho más tiempo, y eso depende de cómo haya sido formulado y de cómo haya sido presentado.
¿Y si el proyecto fracasa una vez es aprobado y puesto en marcha?
Una de las grandes lecciones aprendidas con el proceso de las Autodefensas es que este tipo de procesos no es ‘de venga firme y yo le doy su platica, creamos la empresa y todos empresarios al otro día’. Con las AUC aprendimos que necesitamos procesos de acompañamiento y asistencia técnica en los proyectos productivos en donde está garantizada por 18 meses, la idea es que lo podamos ampliar.
Ante este panorama, ¿cuál es la meta de proyectos para este año?
La meta es de 6700 proyectos productivos efectivos para la población: individuales, colectivos y de cooperación. También esperamos aumentar en temas de vinculación laboral efectiva para llegar a los 6500 empleos.
Es decir, se puede dar un mensaje de tranquilidad frente al avance del proceso de reincorporación...
El Gobierno le está apostando a los territorios y a la reincorporación para aquellas personas que se la están jugando con este proceso. Ni los ETCR ni los proyectos productivos se acabarán. El problema no es formular la idea de negocio, sino darles las habilidades y competencias a la población para que esa idea sea sostenible y a la par llevar al sector privado en un acompañamiento técnico. Debemos recordar que estamos hablando de personas que en muchas ocasiones ingresaron a estos grupos armados ilegales de 12 años y duraron más de 20 años allí.
Entonces, no podemos pretender que vamos a pasar de excombatientes a empresarios en menos de dos años de reincorporación.
