Las críticas del Concejo de Cali a Ospina por polémica de las invasiones

El desalojo de las familias que ocupaban la Hacienda Aldovea, en el oriente de Cali, que había sido invadido hace un año, puso en evidencia, nuevamente, esta problemática que está presente en varios sectores de la ciudad.

Los concejales, que citaron ayer al secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, para que responda sobre el tema, demandaron acciones más concretas del Distrito contra las invasiones y otros hechos que afectan la seguridad de la capital del Valle.

Incluso, la sesión en la que se debatía el tema tuvo que suspenderse por las protestas que, en los alrededores del CAM, protagonizaron algunas de las familias que fueron desalojadas.

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El presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, dijo que si bien la protesta es un derecho, debe haber una reglamentación para ese tipo de reclamos. “Tenemos gente especializada en estos bloqueos, lo que demanda fortaleza institucional para evitar la anarquía contra el espacio público o el libre derecho a la movilidad, no podemos seguir cohonestando con aquello de que la ilegalidad paga o que la anarquía es el camino”, precisó Arroyave Botero.

Agregó que la invasión del espacio público, la ocupación ilegal no puede ser el gran negocio para unos y recordó que en zonas de ladera como Cristo Rey, Tres Cruces y La Bandera también hay invasiones sin control.

El vicepresidente del Concejo, Henry Peláez Cifuentes, coincidió en que el ejercicio de la protesta social no puede afectar la cotidianidad de los ciudadanos.

“Aquí no podemos hablar de los derechos de unos, sino de los derechos de todos y aún con marchas o protesta social, no podemos desplazar a una comunidad que quiere laboral o debe cumplir funciones, no podemos seguir con el lema dejar hacer y dejar pasar, por ello, es necesario saber cuál es el plan que tiene el Gobierno Distrital para garantizar la movilidad de quienes no protestan”.

De acuerdo con los mismos datos de la Secretaría de Seguridad, en Cali hay unos 280 puntos de invasiones. Las más grandes se ubican en el oriente, algunas de estas ya han sido desalojadas, pero también hay en Cristo Rey, el cerro de Las Banderas, entre otros lugares.

Por ejemplo, la concejal Ana Erazo Ruiz asegura que lo que está pasando en la ciudad obedece a que no hay una política de seguridad y demandó ordenar el territorio, evitar las invasiones con las “que vivos engañan familias dada la necesidad que se tiene de tierra y techo. No podemos seguir atacando el efecto”, dijo.

El concejal Terry Hurtado dijo que los resultados de la Secretaría de Seguridad han sido “lánguidos”, frente a temas como la minería ilegal y la delincuencia.

A su vez, el cabildante Juan Martín Bravo Castaño también reclamó la política de seguridad para Cali como herramienta para atender hechos que hoy afectan a los ciudadanos como invasiones, hurtos, homicidios y la falta de atención a equipos de video vigilancia en los que se han invertido, en este gobierno, más de $16.000 millones, sin que muchas de ellas funcionen.

También cuestionó que a la fecha no hay personas judicializadas por promover las invasiones, pues el mismo gobierno local ha reconocido que existen grupos dedicados a esa tarea.

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Según comentó a El País Cesar Lemos, subsecretario de Acceso a Servicios de Justicia, las invasiones del oriente “son totalmente planificadas y promovidas por fuerzas oscuras que quieren hacer daño a la ciudad. La identificación de los responsables es materia de investigación, pero hemos comprobado que incluso tienen abogados para defender a los invasores, prestan servicios de vigilancia en el sector y se conectan irregularmente a los servicios públicos”.

El secretario de Seguridad, Jimmy Dranguet, no pudo responder ayer a los interrogantes del Concejo, debido a las protestas que los desalojados protagonizaron en las afueras del CAM.

Sin embargo, el funcionario informó que se seguirá adelante con la restitución de los predios invadidos en la ciudad.

El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo sobre el tema de invasiones que “ lo realmente importante es ir por los ‘tierreros’ denunciados ante Fiscalía. Inescrupulosos que lotean, venden y engañan al pueblo. Es claro que no podemos dejar que invadan el lote en donde irá la Universidad del Oriente”.

Algunos critican que, después de un año de invasiones, apenas el Alcalde esté cuestionando esta situación.