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Atentados en Cali: las alertas por la capacidad de los grupos armados para atacar la ciudad

Los ataques con explosivos encendieron alertas sobre la capacidad de las estructuras ilegales para actuar en Cali. Expertos advierten posibles retaliaciones.

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RCN en Cali
Las instalaciones de la cadena radial RCN en Cali fueron blanco de un ataque con explosivos durante la madrugada del 11 de noviembre. La detonación ocasionó daños en los ventanales y la fachada del inmueble, ubicado en el barrio Industrial | Foto: Bernardo Peña - El País

22 de nov de 2026, 11:12 a. m.

Actualizado el 22 de nov de 2026, 11:12 a. m.

La detonación de artefactos explosivos en diferentes puntos de la ciudad encendió nuevamente las alarmas sobre la amenaza terrorista en la Capital del Valle. En cuestión de días, los ataques tuvieron como objetivo a los integrantes de la Fuerza Pública, instalaciones de la Policía e incluso un medio de comunicación, lo que reabrió nuevamente el interrogante sobre la capacidad de las autoridades para anticipar estas acciones ilegales y evitar que la violencia escale.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Cali, estos eventos estarían relacionados con retaliaciones de los grupos ilegales tras la actuación de la Fuerza Pública, que ha dado de baja y capturado a importantes miembros de dichas estructuras, especialmente de las disidencias de las Farc y el ELN.

El episodio más reciente ocurrió el pasado jueves en inmediaciones del CAI forestal del Jardín Botánico en el oeste de Cali, hechos que causaron daños en infraestructura leves.

El 14 de noviembre en la madrugada en inmediaciones de la Estación de Policía de Desepaz, en el oriente de la ciudad, se presentó otro hecho. De acuerdo con información oficial, la explosión fue ocasionada por un artefacto abandonado en el lugar y dejó un ciudadano lesionado.

Este ataque se sumó a otros dos registrados durante la misma semana, uno de ellos cerca de la Escuela de Carabineros durante la noche del 12 de noviembre, donde un artefacto explosivo fue lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

Otro atentado tuvo como blanco las instalaciones del Canal RCN en la Carrera 8 con Calle 30 en el barrio Industrial. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 11 de noviembre, ocasionando daños en ventanales y mampostería de la fachada.

Sobre este caso, la Policía informó que dos personas que se movilizaban en una motocicleta habrían abandonado un paquete en el sitio que posteriormente explotó. Además, la institución indicó que personal especializado del grupo antiexplosivos realizó labores de inspección técnica y verificación para descartar presencia de otros elementos peligrosos.

Aunque esos episodios tuvieron características y escenarios diferentes, su ocurrencia durante la misma semana dejó abiertos interrogantes sobre las capacidades de las organizaciones ilegales para realizar acciones con explosivos dentro de la capital vallecaucana, así como los objetivos que persiguen.

Frente a estos hechos, el alcalde de Cali, Alejandro, rechazó los atentados y tras la explosión en RCN, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Ataque con explosivos contra la estación de Policía de Decepaz, oriente de Cali.
Un artefacto explosivo abandonado en inmediaciones de la estación de Policía de Desepaz, en el oriente de Cali, detonó durante la madrugada del 14 de noviembre. De acuerdo con la información oficial, el hecho dejó a un ciudadano lesionado. | Foto: Tomada de redes sociales

“Junto con nuestra Fuerza Pública, desplegaremos todas las capacidades para esclarecer este hecho y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo el Mandatario local.

¿Una manera de intimidar?

Para Carlos Rojas, exsecretario de Seguridad de Cali e investigador independiente en políticas públicas y seguridad ciudadana, los episodios recientes podrían responder a una estrategia de intimidación multidimensional, puesto que la reacción no se concentra solo en un blanco, sino que busca afectar diferentes escenarios y producir un impacto que trascienda los daños materiales.

“Hay una especie de planteamiento alrededor de una estrategia de intimidación multidimensional”, explicó Rojas. “La reacción es dispersar los ataques en varios lugares, a varios objetivos, entre ellos instalaciones de la Policía, patrullas y medios de comunicación y que eso tenga un efecto psicológico”.

Esa lectura coincide con la explicación del secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Javier Garcés, quien señaló que los ataques se pueden relacionar con retaliaciones de estructuras criminales frente a los golpes recibidos por parte de la Fuerza Pública. En este contexto, la Administración defendió la continuidad de las operaciones contra estas organizaciones.

Garcés, también relacionó los recientes ataques con las acciones de las autoridades contra las estructuras ilegales. Según explicó, la hipótesis de la Administración es que estos hechos serían una respuesta a los golpes operacionales contra organizaciones ilegales, entre ellas estructuras vinculadas con las disidencias de las Farc y el ELN que buscarían demostrar que todavía tienen capacidad de afectar la seguridad en la ciudad.

“Son justamente las retaliaciones que se han dado por esta ofensiva que ha tenido el nuevo Gobierno”, sostuvo el funcionario.

A pesar de ello, para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, aunque la hipótesis de una retaliación es viable, se debe comprobar en cada caso y no asumirse como una conclusión definitiva.

Así luce la vía en inmediaciones de la Escuela de Carabineros de Cali, donde se registró la detonación de un artefacto explosivo durante la noche del 12 de noviembre.
Así luce la vía en inmediaciones de la Escuela de Carabineros de Cali, donde se registró la detonación de un artefacto explosivo durante la noche del 12 de noviembre. | Foto: Miguel Ángel Palta

“Las operaciones contra estas estructuras pueden generar respuestas violentas para elevar el costo de la ofensiva estatal, recuperar capacidad de intimidación, así como demostrar que conservan presencia”, señaló Fernández.

El consultor agregó que trasladar la violencia a escenarios urbanos amplifica los efectos psicológicos, mediáticos y políticos; de esa manera, un ataque puede tener consecuencias más allá del objetivo directo: instalar temor entre los ciudadanos, poner en entredicho la capacidad institucional y proyectar la idea de que aún pueden actuar en las ciudades.

El secretario de Seguridad de Cali, Javier Garcés, también se refirió al respaldo del Gobierno Nacional a las acciones contra estas organizaciones. Según explicó, las operaciones se están desarrollando de manera articulada con la Fuerza Pública y han permitido golpear estructuras armadas que tienen incidencia en Cali y el suroccidente del país.

El funcionario mencionó las acciones contra integrantes y cabecillas de estos grupos como parte de la ofensiva que se adelanta en la región, y que, desde la lectura de las autoridades, estaría relacionada con las recientes retaliaciones.

“La reacción es una respuesta a toda la política que el Estado está implementando a través de las Fuerzas Militares y por orientación del Presidente de la República”, dijo el Secretario.

Impactos en la ciudad

Los analistas expresaron que otro de los aspectos que preocupa es la capacidad de esas organizaciones para realizar acciones de alto impacto sin necesidad de movilizar grandes tropas.

Alias ‘Tulita’ fue capturado por la Policía Nacional en la Comuna 15 de Cali, señalado de ser presunto coordinador bélico, logístico y reclutador de la estructura 'José María Becerra' del ELN.
La seguidilla de ataques con explosivos en Cali plantea nuevos desafíos para las autoridades de seguridad, que enfrentan el reto de fortalecer las labores de inteligencia y anticipación. | Foto: Policia Cali

Rojas advirtió que pequeños grupos con cierto nivel de instrucción y acceso a tecnología pueden afectar objetivos estratégicos en diferentes territorios.

“Pequeños grupos debidamente instruidos son capaces de impactar objetivos estratégicos en cualquier territorio. Esa no es una lógica de Cali ni de Colombia, sino que hace parte de las dinámicas de los conflictos armados”, afirmó.

Fernández también llamó la atención sobre las posibles redes de apoyo que pueden facilitar la ejecución de los atentados; la consecución de información logística y el acceso a determinados elementos pueden requerir la colaboración de un grupo de personas que no necesariamente hacen parte formal de la organización ilegal. Pero, dijo que la existencia y alcance de estas redes pueden establecerse a través de investigaciones.

La preocupación por esas capacidades tiene antecedentes recientes en Cali, pues el ataque del pasado 21 de agosto de 2025 contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez fue uno de los episodios de mayor impacto contra una instalación estratégica.

A este hecho se sumaron otros ataques con explosivos que se han registrado durante el año, lo que revela los retos que enfrentan las autoridades.

El riesgo de una escalada violenta

Rojas consideró que el país atraviesa un momento delicado por la política de confrontación contra organizaciones armadas y advirtió que existe un riesgo de que escale, si bien no se atrevió a anticipar si la violencia superará los niveles del 2025, indicó que el escenario puede complicarse.

“No puedo decir que no va a escalar; va a escalar. ¿Qué tanto y si será superado en 2025? No lo sé”, sostuvo.

Su preocupación va más allá de los ataques contra las instalaciones o integrantes de la Fuerza Pública. El investigador advirtió que la intensificación de los enfrentamientos puede tener consecuencias sobre la población civil, especialmente en zonas rurales y en municipios con menor presencia institucional.

Desde la Secretaría de Seguridad, Javier Garcés señaló que el fortalecimiento de la investigación y la inteligencia es fundamental para evitar nuevos hechos violentos. “Lo más importante es fortalecer el trabajo de investigación e inteligencia para prevenir estos atentados”.

Además, frente a la posibilidad de nuevos ataques, el Secretario de Seguridad indicó que la Administración reforzó las acciones de control territorial y el trabajo articulado con la Fuerza Pública.

Entre las estrategias implementadas mencionó los Bloques de Seguridad Urbana y las operaciones IRON 1.0 e IRON 2.0, así como los controles móviles y rotativos en diferentes puntos de la ciudad. Garcés insistió en que además de la reacción después de una detonación, el trabajo de inteligencia y la investigación deben permitir identificar amenazas antes de que se materialicen.

Por su parte, Fernández indicó que la preparación de las autoridades no se puede medir solamente por la velocidad con la que responden luego de una explosión, pues el desafío está en compartir información intrainstitucional, identificar posibles redes de apoyo, proteger la infraestructura estratégica y convertir los datos disponibles en alertas para actuar antes de que ocurran los hechos.

“La principal debilidad sería actuar de manera reactiva y fragmentada, sin convertir la información disponible en alertas tempranas y acciones preventivas coordinadas”, advirtió.

Rojas coincidió en que la prevención debe ocupar un lugar central en las políticas de seguridad; según explicó, el Estado necesita desarrollar capacidades que permitan anticiparse a las acciones de los grupos armados y reducir los efectos de la confrontación sobre las comunidades.

Comunicadora social de la Universidad Santiago de Cali. He sido reportera en temas étnicos, tengo experiencia como periodista comercial y judicial. Disfruto la moda, las tendencias y soy apasionada por la lectura, el café y las buenas historias.

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