La expectativa que genera propuesta de Petro de no enviar auxiliares de Policía a zonas de conflicto

Luego de la masacre que ocurrió el pasado viernes 2 de septiembre en la que perdieron la vida siete policías, entre ellos tres auxiliares, en San Luis, zona rural de Neiva, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un pronunciamiento en el que planteó que la Policía no podrá volver a enviar a jóvenes entre 18 y 20 años a zonas de conflicto armado.

Los auxiliares víctimas del atentado en Neiva fueron: Santiago Gómez, de 18 años, quien llevaba tres meses en la Institución y Cristian Ricardo Cubillos, de 20 años, joven que tenía siete felicitaciones en su hoja de vida por su labor durante los tres meses en los que hizo parte de la Policía.

Otra de las víctimas fue Arles Mauricio Pascuas, de 19 años, oriundo de Neiva, que llevaba también tres meses en la Institución, tiempo en el cual había obtenido siete felicitaciones por su desempeño.

“No puede haber más auxiliares de Policía en las zonas de conflicto, hay que cuidar esa primera juventud de 18 a 20 años”, dijo Petro, quien, además, precisó que estos jóvenes deben tener más capacitación para poder estar en zonas de alto riesgo.

Expertos en seguridad coinciden en que esta medida, además de ser viable, es necesaria, pues la inexperiencia y poca capacitación les estaría cobrando la vida.

“La propuesta es absolutamente necesaria. Un auxiliar de Policía no tiene nada que hacer en una zona de conflicto, además de no contar con el entrenamiento, ni las capacidades para afrontar semejante reto. Estar en una zona de alta complejidad es hasta una tarea grande para un policía completamente entrenado”, sostuvo Pablo Uribe, experto en prevención del crimen.

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Además, señaló que estaría de acuerdo en que se acabara con la figura de los auxiliares de Policía. “En mi experiencia como Subsecretario de Seguridad de Cali, los auxiliares no tienen las capacidades ni el entrenamiento para cuidar las poblaciones de Colombia, sin importar si son de conflicto. Hay muchos casos de inconvenientes que se han generado por auxiliares de Policía hasta en el sistema de transporte masivo MÍO. Considero que si una persona quiere ser policía, debe recibir un muy buen entrenamiento para que le ofrezcan todas las garantías a la ciudadanía”, dijo Uribe.

Por su parte, Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, aseguró que “los auxiliares, como su nombre lo indica, son una fuerza complementaria, es decir, que no está armada y exponerlos a zonas de conflicto o de alta violencia es hacerlos víctimas de potenciales ataques terroristas. Son jóvenes que prestan su servicio militar y a los cuales se les debe preservar su vida”.

Asimismo, reiteró que las personas que deben ser enviadas a estas zonas deben desempeñar cargos superiores a los patrulleros, pues “son quienes tienen la experiencia y la formación con la que no cuentan los jóvenes auxiliares”, enfatizó Ruiz.

Aunque la idea ha generado expectativa, los expertos aseguran que esta medida representaría menos personal policial en todo el país.
“Al desarrollar esta propuesta ya no llenarían el déficit de personal de la Policía con estos jóvenes que están siendo utilizados como carne de cañón. Los auxiliares, que en su mayoría son recién graduados de bachillerato, no tienen nada que hacer en una zona tan peligrosa”, manifestó Pablo Uribe.

Con lo que coincide Juan Carlos Ruiz, quien explica que “el déficit de policías no se basa en que haya más o menos auxiliares, aunque ellos han prestado un servicio muy importante desde hace casi 25 años cuando se incorporaron a la Policía. Hay que entender que es una fuerza complementaria que no puede reemplazar a los uniformados que sí han recibido formación”.

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De acuerdo con los analistas, el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública también debe tomar medidas contundentes que no pongan en riesgo a los miembros de la Policía y que genere más seguridad a todos los ciudadanos en las zonas de conflicto.

“Lo que debe hacer el Gobierno Nacional frente a estos atentados es actualizar todo su programa y las políticas de seguridad a nivel nacional y local. Desde antes del Acuerdo de Paz las dinámicas han cambiado y mientras en las ciudades hay un aumento exponencial de los delitos que afectan la calidad de vida de las personas, como el hurto y la extorsión, en las zonas rurales sigue existiendo un ambiente en el cual grupos criminales organizados se nutren de la minería ilegal y del narcotráfico y, prácticamente, reemplazan a la autoridad”, comentó Uribe.

A lo cual, Juan Carlos Ruiz planteó que se deben extremar los protocolos de seguridad, además de reforzar y replantear la forma en la que se hacen los desplazamientos a las zonas de conflicto. “Es fundamental tener buena relación con las comunidades de estas zonas, pues ellos son los que realmente saben lo que está pasando en sus entornos inmediatos y pueden dar cuenta de las actitudes extrañas o si personas de la comunidad están involucradas en actos terroristas”, finalizó Ruiz.