La dura lucha de las madres venezolanas que crían a sus hijos en las calles de Cali

Sus ojos verdes están enrojecidos. En una zona del corredor vial entre las calles 25 y 26, ella llora el deceso de una nieta que murió al nacer en Venezuela. Todo por una atención deficiente a su hija de 16 años, que tuvo un embarazo adolescente, pero no le hicieron cesárea y su bebé murió una hora después de nacer en un forzado parto natural.

Roselly Montilla, así se llama, se lamenta de que su hija no haya podido salir de Venezuela y venir a dar a luz en Colombia. De haber sido así, no estaría viviendo esta encrucijada en la que quisiera irse a acompañar a su hija en tan difícil momento, pero le resulta imposible devolverse a Venezuela con sus dos pequeños hijos, de 6 y 2 años, que corretean en la zona verde ajenos a lo que pasa.

“Es que si me voy, cómo consigo el dinero de los pasajes para devolverme. No quiero quedarme en Venezuela, allá no hay qué comer”, dice la mujer que rompe a llorar de nuevo y sentencia:
“Pero todo esto es culpa de ese Maduro”, dice añadiéndole unos adjetivos impublicables, mientras los niños juegan con el cartel donde se lee que son venezolanos y que por favor, les den una ayuda.

Este drama de los niños venezolanos inmigrantes se repite en los andenes de los semáforos y debajo de los puentes de las vías arterias de Cali. “Ya habíamos erradicado el problema de la mendicidad de los niños colombianos en los semáforos, pero ahora nos encontramos con el de los niños venezolanos”, dice el intendente Gilmar Velásquez, de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali.

Roselly dice que el niño más grande está en transición en la escuela Isaías Gamboa, del barrio Terrón Colorado, donde paga un cuarto alquilado con lo que recogen en los semáforos. El chiquillo es uno de los 5661 niños, niñas y adolescentes (NNA) provenientes de Venezuela, que están matriculados en el período lectivo 2019 en Instituciones Educativas del Municipio. Pero como el martes no hubo clases, ella salió con los niños a pedir.

“Yo no estoy explotando a mis hijos, como han dicho; aquí vienen cada rato a amenazarnos que nos van a quitar los niños, ¿acaso no saben lo que es pasar hambre?”, pregunta la mujer llorando de nuevo. “Yo soy profesora, tengo mi título, no lo alcancé a apostillar en Venezuela y aquí no tengo la oportunidad de trabajar”, dice con desesperanza sentada en un muro del transitado corredor vial entre las calles 25 y 26 con carrera 5.

Aún así, en una zona verde, sus hijos tienen las tres comidas. “En Venezuela no, cuando llegamos, yo parecía la abuela de mis hijos de lo flaca que estaba”, confiesa.

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Al otro lado del semáforo, hay más venezolanas jóvenes con sus bebés y coches también pidiendo monedas a los conductores de los vehículos.
Una de ellas es Angélica Quero, quien carga feliz a su nieto de 6 meses, un bebé de ojos verdes que luce sano y sonriente. Cuando su hija Deyalith Díaz, de solo 17 años, tenía siete meses de embarazo, emigraron a Colombia. Hoy el bebé está en control y desarrollo en la Red de Salud Centro del Municipio. “Y ya tiene todas las vacunas, si estuviéramos en Venezuela, no tendría nada de eso y estaría flaquito”, dice la mujer.

El bebé es uno de los que han recibido algunas de las 11.644 dosis de inmunizantes biológicos que la Secretaría de Salud Municipal ha aplicado a NNA hijos de extranjeros, que en su gran mayoría son venezolanos. En especial, las vacunas contra la influenza, el neumococo y la poliomielitis.

Así, la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Salud Pública, ha brindado 32.097 consultas médicas y ha despachado 22.977 productos, entre medicamentos hospitalarios, de consulta externa y para enfermedades de interés en salud pública. Y un buen porcentaje de ellas, son de NNA. 

Muchas mujeres en edad reproductiva se tomaron 1823 citologías vaginales e igual número de otros estudios. Según el Sisbén, 1547 venezolanas embarazadas han recibido control prenatal, de lo cual se puede deducir que más o menos igual número de colombovenezolanos han nacido en Cali a corte de marzo de 2019.

“Hemos dormido en el suelo, pero comemos, allá (en Venezuela) la comida es muy cara y la plata no alcanza, nadie se va de su casa porque sí, pero ya no tenía qué comer, allá comía una yuca, solo eso”, revela Angélica.

“Aquí hay gente buena, que le trae al niño pañales, leche, juguetes”, dice Deyalith, que a sus 17 años, ha sufrido las agresiones de colombianos que les hacen competencia en las esquinas para pedir, haciéndose pasar por venezolanos inmigrantes. “Nos dicen ‘muertos de hambre, vayánse para su país, venecos’, y un día una mujer me hirió con un cuchillo”, cuenta mostrando la cicatriz en un brazo.

Génesis Manau, quien llegó hace cuatro meses del estado de Guárico, centro de Venezuela, carga a su hija de año y medio en un andén, porque dice que no la llamaron para trabajar al día en casa de familia, como normalmente hace. Le pagan $30.000 o $20.000, que le alcanzan para los pañales y la alimentación de la niña, pero en un día “libre” sale a la calle a rebuscarse para pagar la cuota del alquiler de una casa que comparten seis inmigrantes.

“Es la primera vez en mi vida que vengo a pedir plata en un semáforo, en Venezuela no hice eso jamás. No quisiera exponer a mi hija al sol como me toca aquí, pero es difícil; trato de no explotar los niños porque es peligroso, pero trato de sobrevivir, si estuviera en Venezuela, mi niña estaría desnutrida como están todos los niños de allá”, confiesa Génesis.
En términos de seguridad alimentaria, a través del comedor comunitario para migrantes venezolanos y la red de 200 comedores comunitarios de la ciudad, se han brindado 119.750 raciones de comida, con articulación entre Alcaldía con la Arquidiócesis de Cali.

Ella dice que no volverá a su país por ahora, “si eso hace tres meses estaba feo, cómo será ahora; en cambio, aquí la gente nos colabora, nos regala ropa, mercados, pero qué más quisiera yo que estar en mi país, en mi casa, con mi abanico (ventilador), mis comodidades, pero allá no hay comida”, remata.

A mediados de mayo pasado, la Secretaría de Bienestar Social inició una atención institucional en la Unidad de Servicio (UDS) Nuestra Señora de Loretto (Comuna 8), para niñas y niños migrantes presentes en calle, por habitabilidad o por comercio, pero se encontró resistencia de las familias para ingresar a sus hijos al servicio por tres razones, dijo la titular de esa dependencia, Carolina Campo Ángel.

“Ellos manifestaron temor a ser deportados, temor a que les quiten los hijos (por imaginarios frente al ICBF); y temor que al no tener a niños y niñas a la hora de pedir dinero u ofrecer sus mercancías sin ellos, la gente no les compre, porque están convencidos de que mucha gente se conmueve solo porque los ven con sus hijos en las calles”, declaró Carolina Campo Ángel.

Aún así, la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía ha realizado una fuerte articulación con la Pastoral para los Migrantes de la Arquidiócesis de Cali, para brindar una hoja de ruta, identificación y atención humanitaria inmediata y acompañamiento psicosocial a las familias con necesidades especiales de protección, como madres gestantes, lactantes y con niños de 0 a 5 años, priorizadas luego de la respectiva verificación en el asentamiento irregular.

Sin embargo, como la población migratoria venezolana es fluctuante, en el recorrido que El País hizo el pasado martes, se encontraron varios venezolanos que decían no conocer la Casa del Migrante que hay en la Terminal de Transportes ni sabían que era el PEP.

Como la joven pareja procedente del estado de Anzoátegui, José Rafael Matta, de 25 años, y Daniela Franco, de 21 años, padres de una niña de 2 años y ella con casi 8 meses de embarazo. Dijo que el jueves 13 tendría una cita en un centro de salud del barrio Obrero, y que esperará el nacimiento de su hijo, que será varón, después de mes y medio de estar en Cali, junto con su compañero, su mamá y su hermano. Su bebé será uno de los 20.000 niños hijos de venezolanos que han nacido en Colombia en los últimos tres años.

A Daniela a veces le resulta trabajo pelando papa en restaurantes, pero cuando no, sale a los semáforos a vender dulces o maní para reunir los $15.000 para el alquiler diario de una habitación en el barrio Sucre.
Esas condiciones le parecen mejor que las que tendría en su país. “Allá (Venezuela) no podía tener el bebé, porque no había agua, la luz se iba hasta por 24 horas y para comprar pañales, debía hacer fila hasta tres noches y días seguidos”, declara Daniela. Por eso, emigraron a Colombia, para no vivir la tragedia que vive la joven que perdió a su bebé por un parto mal atendido en su país y que tiene a Roselly Montilla, la mujer de los ojos verdes, enrojecidos de llorar por los imposibles que no puede controlar.