La corrupción se encerró en el sistema carcelario, ¿qué hacer con el Inpec?

El Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), se encuentra aprisionado, apresado, como los reclusos que tiene a su cargo, por la corrupción.

El reciente escándalo por las salidas irregulares del empresario Carlos Mattos de la cárcel La Picota, puso nuevamente sobre la mesa la discusión si debe liquidarse o privatizarse.

La crisis del sistema carcelario alcanza todos los niveles; desde altos directivos hasta el personal de guardia. Esto último quedó demostrado el pasado lunes cuando la Fiscalía capturó a una banda denominada ‘Los azulejos’, integrada al parecer por personal activo y retirado del Inpec.

Entre los capturados hay cinco funcionarios del Inpec, tres exfuncionarios de la entidad y dos abogados, además de una mujer cuyo esposo, un exfuncionario de la institución, fue asesinado en febrero pasado en Cali.

Los imputados, exigían a los reclusos entre $300.000 y $4.00.000 por adelantar trámites irregulares que iban desde autorizar las medidas de detención domiciliaria hasta reducir el tiempo de condena.
Una persona que estuvo privada de la libertad relato su propia experiencia.

“El Inpec es toda una empresa criminal donde los verdaderos delincuentes son ellos mismos”, afirmó, y añadió que es el poder del dinero el que manda en los penales.

“Hasta en las cárceles se ve la estratificación; si tenés plata así son los beneficios que recibes. Los directores y la guardia los favorecen más”. Las cárceles son un gran negocio, por eso es que jamás baja el hacinamiento y cada día piden penas más elevadas, lo único que falta es que las privaticen”, dijo.

Y es que asegura, allí todo tiene un precio: “Para entrar un tamal cobran $50.000, pero si tenés recursos te cobran mucho más. Un celular, dependiendo la gama, cuesta un millón. Todo depende del interno y de cuánto tiene para ofrecer y, uno mismo, en el afán de obtener ciertos beneficios, es el que le pone precio a las cosas”.

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132 establecimientos penitenciarios hay en el país.

97, 260 es la población que se encuentra en las cárceles.

3,02 billones de pesos le cuesta al país mantener a la población privada de la libertad.

Elkin Cárdenas, vocero de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, en el Valle del Cauca, si bien reconoció que en el “Inpec hay corrupción, pues no vamos a tapar el sol con un dedo”, insistió en que uno de los mayores problemas es la politización del sistema penitenciario.

“Cuando condenan a alguna de estas personas, es un juez quien decide a qué cárcel va y qué beneficios recibe, no el Inpec”, precisó.
Dijo también que los directivos que manejan las cárceles, incluyendo el Ministro de Justicia, son políticos, y que lo único que hace el dragoniante es cumplir órdenes.

“Aquí el tema es el abandono total del Estado porque si a una persona que llega a una cárcel se le asegura un cuarto digno, su alimentación, kit de aseo y educación, no pasaría esto. Y si le sumamos que los directores no tienen autonomía porque cuando llega un político, entonces comienzan a llamar sus padrinos diciéndole que le colabore que él no es un delincuente, entonces así no hay forma cambiar esto”.

Denunció, igualmente, que gran parte de los recursos del Inpec son manejados por la Uspec, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios que, según Cárdenas, es una de las entidades más inoperantes del país.

“La Uspec, manejada por un reconocido partido político, nunca ejecuta el 100 % de su presupuesto, por eso es que hay tantas falencias en la alimentación, educación, en la salud. Este es un tema que la UTP ha denunciado muchas veces y que ha costado muchas vidas”. Sin embargo, reitera, nunca se ha hecho nada.

“La nómina de Uspec vale $2500 millones mensuales, cuando antes 50 personas se encargaban de todo el trabajo en el mismo edificio del Inpec. Ahora lo hacen en un edificio de la Zona T de Bogotá, donde pagan $900 millones mensuales de arriendo. Lo único oficial que hay en este momento en el Inpec es el cuerpo de custodia y vigilancia, lo demás está politizado, se volvió plata; sacan plata de la alimentación de los internos, de las comunicaciones, de la resocialización. Un interno debería salir con un proyecto de vida y un ahorro, pero esto no sucede”.

Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia a la Justicia, indicó que los problemas no solo se presentan en la alta cúpula directiva de la institución, sino también a nivel de la guardia penitenciaria donde existen más de 60 sindicatos, lo que incrementa el caos administrativo.

Tampoco cuenta con una meritocracia ni sistemas que propendan por la transparencia de todos sus integrantes. “Todo ese caos beneficia a la corrupción. La única manera de subsanar esta problemática es garantizar el componente humano mediante pruebas técnicas, científicas, a través del polígrafo, tanto para su vinculación como para su continuidad”.

Manifestó que se precisa voluntad política para crear más cárceles y acabar con el hacinamiento y también implementar el esquema de Asociaciones Públicas y Privadas, APP, que ha funcionado bien en materia de infraestructura vial.

Por su parte, Francisco Bernate, abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, rechazó la idea de liquidar o privatizar el Inpec.
El catedrático enfatizó que lo que se debe hacer son investigaciones internas y sacar a las personas responsables de actos de corrupción.

“Privatizar las cárceles ya está demostrado en el mundo que no funciona, pues genera más hacinamiento y más crisis humanitaria; y acabar con una Policía especializada en materia penitenciaria es absurdo porque no hay ninguna otra autoridad que pudiera hacerlo”, insistió el profesor Bernate. Así las cosas, no aparece una salida a mediano plazo que libere al Inpec del yugo de la corrupción.

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El 1 de octubre de 2019 el país fue testigo de un hecho de película. La excongresista Aida Merlano, quien pagaba una condena de 15 años por fraude electoral, en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, se da a la fuga cuando visitaba a su dentista.

La mujer se descuelga de una cuerda y huye en una motocicleta.
Antes de Merlano grandes capos también habían protagonizado escapes espectaculares, como Pablo Escobar, quien se fugó de la cárcel La Catedral, en julio de 1992. Otro reconocido miembro del ´Cartel de Medellín’, Juan Ramos Matta Ballesteros, ya lo había hecho antes, en marzo de 1986, de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, con la complicidad de algunos guardianes. Otros escándalos más recientes, pero igual de sonados han estado relacionados con narco parrandas en la cárcel de Barranquilla, fiestas, sobornos, etc.

En la misma cárcel La Picota, salpicada con el tema del empresario Carlos Mattos, el reconocido narcotraficante, José Piedrahíta, vivió una vida de derroches y lujos pese a tener una orden de extradición en su contra.

Según se conoció, para gozar de estos privilegios pagaba una fuerte suma de dinero al entonces director de esa cárcel.
La lista es enorme, los hechos de corrupción parecen haberse vuelto parte de la cotidianidad del Inpec.