La billonaria suma que se robó en cuatro años la corrupción en Colombia

¿Cuántos hechos de corrupción han ocurrido en los últimos cuatro años en Colombia? ¿Cuáles son las regiones que se han visto más afectadas por esta práctica? ¿Cuáles son los medios de comunicación que le han dado cubrimiento a estos eventos?

Estas y otras preguntas las responde la investigación ‘Así se mueve la corrupción: Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020’, realizada por Transparencia por Colombia y que estará disponible en la nueva plataforma Monitor Ciudadano de la Corrupción.

A través de este estudio se identificaron, sistematizaron y analizaron 967 hechos concretos de corrupción que fueron reportados en 2026 notas publicadas en medios de prensa escrita existentes en Colombia, entre ellos el diario El País (ver tabla).

Pero únicamente en 367 de esos casos fue posible determinar una cifra precisa de la cantidad de dinero que terminó comprometida en hechos de corrupción, que al final sumó $92,77 billones (ver gráficos).

También se pudo establecer que el 44 % de los casos correspondió a corrupción administrativa, relacionada especialmente con procesos de contratación pública asociados al direccionamiento irregular de convenios y al pago de servicios no entregados.

Asimismo, se reseñó la corrupción en trámites como el favorecimiento en permisos de construcción, la expedición de cédulas falsas, la evasión de impuestos e irregularidades en licencias ambientales.

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“La corrupción política se identifica en el 27 % de los reportes. Los casos asociados a este tipo de corrupción incluyen el desvío de recursos destinados a la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas y el uso de recursos públicos para la financiación de campañas políticas”, se lee en el documento dado a conocer por Transparencia por Colombia.

Para Andrés Hernández, director ejecutivo de la organización, “este informe refleja nuevamente el carácter sistemático y estructural de la corrupción. Quienes aspiran a la Presidencia de la República deberán plantear propuestas ambiciosas, decididas y coherentes para enfrentar de manera integral este problema”.

Agregó que “como sociedad, debemos hacer una revisión de fondo sobre la profunda afectación que genera la corrupción. Debemos ser capaces de elegir a quienes de manera genuina puedan enfrentar este problema, no comprar discursos facilistas y exigir acciones efectivas. No debemos permitir que nos sigan robando nuestro presente y nuestro futuro”.

Los investigadores manifestaron que el bajo reporte de casos de corrupción en algunas regiones del país “no siempre tiene que ver con la no existencia del mismo”.

“En algunos territorios nos encontramos con condiciones de dificultades para proteger a los denunciantes y para ejercer la libertad de prensa”, aseguró Camilo Peña, coordinador de la nueva plataforma Monitor Ciudadano de la Corrupción.

Precisamente Ángela Zarama, una de las profesionales vinculadas al estudio, invitó a la ciudadanía a conocer la página web del Monitor Ciudadano, en la que se puede acceder a los 967 hechos recopilados.

“La idea es que desde sus conocimientos y sus intereses, ingresen, analicen y hagan sus propias investigaciones”, puntualizó.

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El informe de Transparencia por Colombia destaca dentro de los 200 casos de corrupción que se analizaron en el Valle del Cauca, dos fueron relevantes en Cali.

El primero hace parte de los 188 casos nacionales del grupo corrupción privada, en los cuales “el abuso de poder que parte de actores representantes del sector privado genera un detrimento del interés general”.

Como se recordará, en 2017 la Contraloría General estableció responsabilidad fiscal a Luis Eduardo Barrera, expresidente de Metrocali, a la empresa Hafira Ve Hatziva Ltda. y a su representante legal Gui Chen, imponiéndoles una multa de más de ocho mil millones de pesos.

El motivo se debe a que luego de Metrocali haber suscrito un contrato por un valor cercano a los $22.000 millones con la segunda empresa para la construcción del Terminal Calima del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, la obra nunca fue ejecutada y, además, parte del dinero destinado a la compra de materiales y equipos fue gastado injustificadamente.

El segundo hecho de corrupción data del 2018, cuando la Fiscalía General de la Nación capturó a catorce integrantes de una red de funcionarios establecida en la ciudad, dentro de los que se encontraba el entonces director de la cárcel de Florida y exdirectores del mismo penal, que ofrecían sus servicios a delincuentes que aspiraban a beneficios judiciales, tales como traslados a cárceles de baja seguridad en donde podían mantener el control de sus negocios ilegales.

De acuerdo con la Fiscalía, los abogados y funcionarios judiciales contactaban a los presos y les cobraban millonarias sumas de dinero para asegurar los traslados a través de tutelas y certificaciones falsas que justificaban los traslados y dar trato especial a los criminales.

De acuerdo con el documento, 24% de los casos de corrupción en Colombia están relacionados con los trámites y los servicios jurisdiccionales.