Entre las 'chuzadas' y la JEP: la presidenta de la Corte Constitucional se confesó con El País

De lo que más se habla por estos días en la Corte Constitucional es de las interceptaciones de las que han sido objeto los magistrados de esa corporación en los últimos meses.

Su presidenta, Gloria Stella Ortiz, expresó las preocupaciones que tienen al respecto, pues “están tratando de conocer datos personales nuestros para efectos de incidir en la toma de decisiones” en algunos procesos.

Por otro lado, Ortiz también le contó a El País sobre la poca experiencia que tiene la Corte frente a las objeciones presidenciales a la JEP. “Es un hecho inédito para el derecho constitucional y tampoco sabemos exactamente cuál es el procedimiento a aplicar”.

Habló de la presión que tienen a la hora de tomar las decisiones. “La Corte Constitucional siempre está en el ojo del huracán, siempre está tomando decisiones muy complejas (...) Si esto debe entenderse como presión, pues sí, la Corte siempre tiene gente que está opinando sobre las decisiones que va a tomar”.

Hay muchas especulaciones alrededor de las interceptaciones a la Corte, ¿qué certezas tienen al respecto?
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La única certeza es la que el Fiscal General manifestó a la Corte que hay algunas organizaciones criminales que están interesadas en conocer la vida privada de algunos magistrados y que por esa razón se iniciarían investigaciones por intervenciones ilegales contra nuestras comunicaciones.

¿Hay alguna hipótesis sobre qué grupo podría estar detrás de esto?
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La Corte no tiene conocimiento de autores. Sabemos lo que dijo la Fiscalía sobre que estas organizaciones estarían interesadas en trámites de una acción de tutela en proceso en la Corte Constitucional y al parecer están tratando de conocer datos personales nuestros para efectos de incidir en la toma de decisiones en esos procesos.

¿Se sabe detrás de cuál acción de tutela estarían?
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No se ha podido identificar todavía cuál sería la tutela o tutelas, estamos en eso.

¿Cuál es el procedimiento que seguirá ahora en la investigación?
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Pondremos a disposición de la Fiscalía todos los instrumentos y medios necesarios para que la investigación sea exitosa, seguramente pondremos a disposición teléfonos, computadores, lo que requieran.

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¿Hay ambiente de intranquilidad en el alto tribunal?

Estamos muy preocupados con lo que está pasando. Pero siempre hemos sabido que la Corte maneja temas importantes, de interés no solamente de Colombia sino de muchas partes del mundo, y somos plenamente conscientes de que estos temas interesan a muchas personas.

De otra parte, las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP quedaron en manos de la Corte Constitucional, ¿qué pasará ahora?

Nada del procedimiento que se encuentra en trámite está regulado. Este es un hecho inédito para el derecho constitucional y tampoco sabemos exactamente cuál es el procedimiento a aplicar porque no hay regulación expresa, nos tocará tomar decisiones aplicando otras normas que se asimilen pero no es un trámite regulado. Obviamente, una vez llegue el proceso a la Corte, nosotros decidiremos en Sala qué procedimiento hay que darle.

Precisamente, ¿cómo recibió el alto tribunal este asunto que no tiene precedentes?

Con cierta preocupación, porque efectivamente es el primer caso en los 28 años de la Corte. Nunca se había suscitado una objeción presidencial de un proyecto de ley estatutaria. Ya hemos aprendido y creo que será otro de los casos para analizar en la academia, pero en su momento lo recibimos con mucha preocupación, por la novedad del procedimiento.

¿Cómo ve el trabajo que ha venido haciendo la JEP, aún sin Ley Estatutaria?

He visto un trabajo intenso, un trabajo juicioso. Nosotros, en la administración de Justicia, tenemos una gran cantidad de trabajo, todo el tiempo estamos dedicados a ejercer nuestra función y yo no veo que la JEP sea la excepción.

¿Siente que la Corte está siendo presionada para tomar decisiones?

Creo que la Corte Constitucional siempre está en el ojo del huracán, siempre está tomando decisiones muy complejas, por ejemplo, con el tema del plebiscito, con el tema de la reelección de Álvaro Uribe, eso ha sido propio de la labor que tiene la Corte. Eso genera angustia, uno quiere tomar las decisiones más correctas en términos de país.

Si esto debe entenderse como presión, pues sí, la Corte siempre tiene gente que está opinando sobre las decisiones que va a tomar, pero tenemos la ventaja de contar con magistrados muy serios, con la capacidad de tomar decisiones conforme a sus convicciones y capacidad jurídica, pese a las presiones, sabiendo la importancia que estas tienen para el país.

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¿En el tiempo que usted lleva en el cargo, cuáles han sido los principales retos de este organismo?
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El primero, tratar de presentar la información de la manera más veraz, clara y concreta posible; comunicar decisiones judiciales es muy complejo, porque nosotros, los abogados, siempre hablamos en lenguaje muy técnico y tratamos de explicar en términos jurídicos, y la comunidad, que tiene derecho a estar bien informada, no sabe todo de derecho.

El segundo, es el tema de la modernización de la Corte. Estamos comprometidos con la importancia de cambiar algunas dinámicas, algunas reglas en la selección de tutelas, estamos trabajando fuertemente en transparencia y rendición de cuentas.

¿Y los temas de más difícil decisión?
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Nosotros tenemos cantidad de casos del Código de Policía que muy difíciles en términos constitucionales. Por ejemplo, si la Policía puede entrar a las casas cuando hay ruidos que sobrepasan los niveles permitidos; que si los alcaldes tienen la posibilidad de definir los horarios para la rumba; que si los ciudadanos pueden tomar en las calles, que si en el Carnaval de Barranquilla los ciudadanos no pueden sacar el ron a la calle... todos esos temas que son, en últimas, de la cotidianidad de los colombianos, asuntos de derecho constitucional. Tenemos pendientes tutelas muy importantes, como la segunda instancia en los procesos de condenados penalmente, tenemos el asunto del glifosato. De los temas difíciles que tenemos hoy es el tema de redes sociales.

A propósito, ¿en qué va la posible regulación de las redes sociales y la discusión por los límites de la libertad de expresión en estas plataformas?
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Se está trabajando en el proyecto de sentencia. El magistrado José Fernando Reyes es el ponente, tiene como término máximo para llevar ponencia a Sala el mes de julio. Sé que en ese espacio están dedicados muy juiciosos a buscar las decisiones más adecuadas.

¿A qué temas le está dando prioridad en su gestión?
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El presidente de la Corte Constitucional tiene dos grandes frentes de trabajo: el primero es el frente jurisdiccional. Ese es un asunto en el que uno organiza trabajo básicamente en atención de los vencimientos y orden de llegada, ahí no es que yo pueda tener una agenda particular, porque depende del orden de llegada de los procesos.

Pero en los asuntos administrativos le estoy dando prioridad al tema de transformación y de rendición de cuentas, el tema de transparencia para mí es fundamental y ahí el componente tecnológico es clave. El 80 % de mi tiempo en temas administrativos se lo dedico a eso.

Hay quienes dicen que las Cortes están politizadas, ¿qué dice con respecto a la Constitucional?
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Depende de lo que se entienda por politizada. Si las Cortes tienen incidencia e impacto en decisiones políticas, pues claro que sí, pero que los magistrados tengan grupos políticos... pues revisen las hojas de vida y se van a dar cuenta de que eso no pasa por lo menos en la Corte Constitucional. Los magistrados no tienen perfiles políticos.

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