Procuraduría logra frenar decreto que ponía en riesgo casi medio millón de empleos

El Ministerio del Trabajo decidió acoger las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación sobre el proyecto de decreto que pretendía restringir la operación de las Empresas de Servicios Temporales, frenando así la intención de imponer un límite del 10 % a la contratación en misión y aceptando la creación de una mesa técnica que evite poner en riesgo la estabilidad de casi medio millón de trabajadores formales en el país.

La decisión se produjo luego de que el Ministerio Público envió una comunicación escrita al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en la que formuló serios reparos al trámite y a las disposiciones del proyecto que buscaba adicionar un capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

La Delegada para los Asuntos Civiles, del Trabajo y de la Seguridad Social advirtió que la reforma, tal como estaba planteada, amenazaba con impactar negativamente el empleo formal en Colombia.

El ente de control basó su alerta en las cifras consolidadas del sector, las cuales revelaron el peso específico de este modelo de contratación en la economía nacional. Según los estudios citados por la Procuraduría, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales.

Actualmente, existen 474.188 trabajadores en misión, una cifra que representa el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia y cuya continuidad se veía comprometida por el articulado propuesto por el Gobierno.

La intervención del organismo de control se centró en dos puntos críticos que el Ministerio pretendía imponer y que, tras la advertencia, debieron ser reconsiderados.

En primer lugar, la Procuraduría enfatizó en la importancia de “no restringir la modalidad de trabajo en misión para actividades vinculadas al objeto social o al giro ordinario de los negocios”. Esta medida amenazaba con dejar sin piso jurídico a miles de contratos vigentes que operan bajo esta figura en sectores clave de la producción.

En segundo lugar, y quizás el punto más polémico del borrador, el Ministerio Público señaló la inconveniencia de “establecer un límite del 10 % al personal vinculado laboralmente bajo esta modalidad en las empresas”, una cuota que expertos y el propio ente de control consideraron una barrera artificial que asfixiaría la dinámica laboral.

Ante la contundencia de los argumentos y la función preventiva del órgano de control para la defensa del orden constitucional y los derechos fundamentales, la cartera laboral acogió estas dos observaciones específicas.

El Ministerio accedió además a la propuesta de conformar una “mesa técnica preventiva conjunta”, que será liderada por el Ministerio Público.

El objetivo de este espacio será “convocar a todos los actores y sectores directamente involucrados en el mercado laboral”, con el fin de dialogar y analizar de manera colaborativa las preocupaciones sobre la reglamentación.

Esta instancia busca “acompañar el actual proceso reglamentario” para garantizar que cualquier modificación normativa salvaguarde la estabilidad de los 474.188 empleos que, según advirtió la Procuraduría, “pueden verse comprometidos con esta modificación reglamentaria” si no se ajustan los textos definitivos.