Ministro del Trabajo rechazó el atentado en contra de un dirigente del Pacto Histórico en Palmira

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo de Colombia, repudió el atentado en contra de Alejandro Caicedo Gavilán, dirigente del Pacto Histórico en el Valle del Cauca.

“Hoy lucha por su vida en una UCI. Nuestros pensamientos (los míos y los de todos en el Ministerio del Trabajo) están con su familia, compañeros y seres queridos”, dijo Sanguino.

De la víctima se conoce que pertenecía a la Sunet, Sindicato General Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, en la ciudad de Palmira.

Hasta el momento, no se conocen muchos detalles del atentado. Sin embargo, al parecer el líder sindical no había reportado tener amenazas en su contra.

Además, se conoció que laboraba como auxiliar administrativo en la Alcaldía de Palmira.

“Atentar contra un líder social y contra el movimiento sindical es atentar contra la democracia misma en Colombia. Es vital garantizar de inmediato su seguridad y la de su entorno, así como avanzar con la investigación para dar con los responsables”, agregó Sanguino.

Por su parte, la Sunet también se pronunció y pidió a las autoridades que se capture a los responsables.

“Es imperativo que se refuercen las medidas de seguridad para los líderes sociales y sindicales de nuestra región. No podemos permitir que el miedo silencie a quienes trabajan por el bienestar colectivo”, aseveró el Sunet.

Cifras de violencia en contra de líderes sociales

La Defensoría del Pueblo reveló este lunes que entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2025 fueron asesinados 165 líderes sociales y 37 firmantes de paz, un balance letal que se agravó con la comisión de 75 masacres que dejaron 247 víctimas y que llevó a la entidad a sentenciar que en Colombia “la defensa de los derechos en el territorio no puede seguir costando vidas”.

El organismo de control presentó una radiografía de la violencia que azota al país, advirtiendo que “los líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz siguen siendo perseguidas y sus voces continúan silenciándose”. El reporte evidenció que la violencia letal no dio tregua durante los primeros once meses del año, acumulando un total de 202 asesinatos selectivos contra estas poblaciones protegidas, bajo la premisa inquietante que la entidad plasmó en sus campañas visuales: “¿Por qué nos matan?”.

El informe detalló que de los 165 casos confirmados de homicidios contra el liderazgo social, 143 correspondieron a hombres y 22 a mujeres. La cifra alimentó un registro histórico devastador: desde enero de 2016 hasta el cierre de noviembre de 2025, el Estado tiene registro de 1.653 casos, lo que demostró que el asesinato de defensores se convirtió en una práctica sistemática y no en hechos aislados.

La distribución geográfica de estos crímenes señaló al departamento del Cauca como el epicentro de la tragedia, con 36 liderazgos apagados violentamente. Le siguieron Antioquia con 21 casos y el Valle del Cauca con 17, configurando un corredor de muerte en el suroccidente y noroccidente del país. Norte de Santander (10) y Nariño (9) también figuraron como zonas de alto riesgo para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Con información de Colprensa*