¿Qué sigue en el caso contra Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego por presunto acoso? Expertos analizan

La salida de los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol Televisión en medio de denuncias por presunto acoso sexual trasladó la crisis corporativa al terreno penal y laboral, donde expertos juristas advierten que la Fiscalía enfrenta el complejo reto probatorio de demostrar el abuso de poder en entornos de subordinación.

Asimismo, los expertos aclararon que la manera en la que el canal terminó los contratos de ambos periodistas no protege legalmente a la empresa, la cual podría enfrentar sanciones si la justicia demuestra que sus directivos conocían los casos de acoso y no actuaron a tiempo para proteger a las víctimas.

“La Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las diligencias de la actuación, que comienzan por ubicar a las presuntas víctimas y tomar sus declaraciones, de ahí, se adelantan las investigaciones a que haya lugar, y decide si imputa o no cargos”, explicó a Colprensa el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate.

“Los mayores retos pasan porque las víctimas efectivamente declaren tanto en la Fiscalía como ante los jueces. Para contrastar las versiones se acude a la corroboración periférica, donde se corrobora el dicho de la víctima”, señaló el jurista sobre la complejidad judicial de este delito.

En esa misma línea, el abogado Nicolás Arenas Páez, de la firma Prolitigios de Bogotá, precisó que la investigación penal exige probar hechos específicos propios de la asimetría laboral que se vive en los medios de comunicación.

“La estructuración típica de esta conducta exige no solo la acreditación de actos reiterados o de suficiente entidad, sino también la demostración de un contexto de subordinación o asimetría que permita inferir el abuso de poder”, detalló Arenas a esta agencia de noticias.

Sobre las eventuales consecuencias penales para los implicados si el proceso avanza hacia una imputación formal, Bernate advirtió que “las sanciones son elevadas, y no permiten ningún tipo de beneficio, como casa por cárcel, y pueden llegar hasta los 3 años de prisión”.

Frente a las medidas administrativas adoptadas por Caracol Televisión, que despidió unilateralmente a Orrego y acordó la salida mutua de Vargas, Bernate sentenció que “ninguna, no hay diferencia, porque lo que se investiga son los hechos, la situación no cambia según la manera en que se haya terminado el vínculo laboral”.

Al respecto, Arenas puntualizó que la decisión unilateral frente al comentarista deportivo es “débil, en tanto expone a la empresa a eventuales reclamaciones laborales por despido sin justa causa, especialmente si al momento de la terminación no existe una comprobación suficiente de los hechos”.

Por el contrario, el abogado indicó que el mutuo acuerdo alcanzado con el presentador de noticias “otorga a la empresa un mayor blindaje jurídico, en tanto reduce significativamente el riesgo de litigios laborales y evita el debate sobre la existencia o no de una justa causa”.

Sin embargo, el panorama corporativo podría transformarse drásticamente si las autoridades demuestran que el canal omitió activar a tiempo las rutas institucionales frente a las denuncias de acoso.

“Sin duda, en estos eventos la Ley 235 establece claras obligaciones para los directivos y responsables, de manera que, en el evento en que se hayan desatendido, podría surgir una obligación de indemnizar para la compañía”, concluyó Bernate.

Arenas agregó que “la inacción frente a situaciones de acoso podría, en hipótesis, dar lugar a responsabilidad penal por omisión, si se demuestra que la pasividad permitió la continuación o agravación de los hechos”.

El patrón de violencia en los medios

La desvinculación de los presentadores se materializó tras la activación de los protocolos de la compañía y luego de que la Fiscalía anunciara la apertura formal de la investigación, habilitando el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir denuncias y priorizando la protección de las mujeres afectadas.

Tras su retiro, Vargas aseguró a través de sus redes sociales que asumía la coyuntura con la tranquilidad de haber mantenido parámetros de respeto y buen comportamiento, argumentando que si alguien tuvo una sensación diferente frente a su trato cercano la respeta, pero enfatizó en que “nunca mi actuar tuvo esa intención”.

Por su parte, la defensa de Orrego aclaró que su despido obedeció a una decisión unilateral del empleador adoptada bajo sus facultades contractuales y no fue producto de una sanción ni de una investigación disciplinaria interna concluida.

El escándalo mediático trascendió las instalaciones del canal privado y puso en evidencia un patrón sistemático de violencia basada en género documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

La organización denunció la existencia de entornos de intimidación que promueven la autocensura de las víctimas en varias redacciones del país, advirtiendo que la impunidad se agrava cuando los señalados ocupan posiciones de poder, un escenario que ejemplificó con el caso del actual gerente del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris.

Ante la constante judicialización de quienes se atreven a alzar la voz, como la denunciante de Morris que hoy enfrenta un proceso por injuria y calumnia en medio de presiones de contratistas del Estado, Bernate señaló que “efectivamente se hace necesario que la Fiscalía unifique los criterios porque efectivamente este tipo de situaciones no son novedosas”, con el fin de garantizar que las afectadas puedan entregar su versión a la justicia sin temor a ser perseguidas en los tribunales.