ONU advierte enorme impunidad en crímenes contra defensores de derechos humanos

A pesar de la reingeniería ordenada por las altas cortes para priorizar la investigación de los crímenes contra quienes protegen los derechos humanos en el país, un abrumador panorama de impunidad estructural mantiene estancada la inmensa mayoría de los expedientes judiciales, limitando el acceso a la justicia a un reducido porcentaje de víctimas y dejando sin castigo a los determinadores de una violencia sistemática que amenaza con extinguir el liderazgo social en las regiones más golpeadas por el conflicto armado y las economías ilícitas.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia evaluó la respuesta judicial frente a la masacre continua de liderazgos sociales y concluyó que, a pesar de algunos esfuerzos institucionales, “los retos para combatir la impunidad siguen siendo enormes”.

Las estadísticas de la Fiscalía revelan una brecha insalvable entre el volumen de crímenes y la capacidad de resolución. Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, investigó 800 casos de homicidios de personas defensoras. Sin embargo, de ese total, la justicia solo dictó sentencias en 55 casos.

La ONU explicó que esto significa que “en solo el 6,87% se han logrado avances contundentes al contar con sentencias que identifican plenamente la responsabilidad de los perpetradores”. Más alarmante aún, el informe señaló que “en alrededor del 55% de los casos aún no se ha logrado identificar a una persona presuntamente responsable”. Del total de expedientes, 442 continúan estancados en la fase inicial de indagación.

El informe no desconoció las medidas adoptadas por el Estado. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-546 de 2023, ordenó a la Fiscalía “adelantar una reingeniería institucional orientada a superar los obstáculos estructurales” que perpetúan la violencia.

En respuesta, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía explicó que consolidó un modelo donde “se privilegia como primera hipótesis de investigación la defensa de los derechos humanos de las víctimas” y se busca establecer la responsabilidad de los comandantes de los grupos armados no estatales.

Estos ajustes permitieron imputaciones históricas, como la realizada el 10 de diciembre de 2025 contra la cúpula del autodenominado Estado Mayor Central por el delito de genocidio contra el Pueblo Nasa en el Cauca.

En esta investigación se documentaron 32 hechos delictivos que dejaron 43 víctimas, ejecutados como una estrategia de “exterminio promovido por los máximos jefes del grupo armado ilegal” para apoderarse de sus tierras.

Asimismo, la Fiscalía logró órdenes de captura contra altos mandos y miembros de la fuerza pública por los asesinatos de líderes emblemáticos como Phanor Guazaquillo, Narciso Beleño y Jimmy Rosero.

Justicia centralizada, territorios desprotegidos

Sin embargo, el acceso a la justicia depende en gran medida del lugar donde ocurre el crimen y del perfil de la víctima. La ONU señaló que “los avances investigativos medidos por el número de sentencias a nivel departamental han sido desiguales”.

Mientras departamentos con menor incidencia de asesinatos, como Cundinamarca y Caldas, registran tasas de condena del 53% frente a los casos investigados, las regiones más letales enfrentan un colapso total. La efectividad de la justicia se desploma en territorios críticos: Cauca apenas alcanza un 13,4% de sentencias, Nariño un 10%, Putumayo un 5% y Arauca un ínfimo 4,3%.

Esta desigualdad también afecta de manera desproporcionada a ciertos perfiles de liderazgo. La ONU explicó que la justicia falla especialmente cuando las víctimas defienden la tierra y el medio ambiente.

En la última década, solo el 9,5% de los casos de líderes campesinos asesinados llegó a una condena. Para los liderazgos indígenas y ambientalistas, la cifra se estancó en un 14%, mientras que para las mujeres defensoras y los liderazgos comunales apenas bordeó el 20%.

La ineficacia judicial no se limita a los homicidios, sino que se extiende a las amenazas previas que, al no investigarse, terminan materializándose en tragedias. La ONU concluyó que, aunque la creación del Grupo de Trabajo sobre Amenazas permitió una mayor especialización investigativa, el volumen de casos rebasa cualquier capacidad institucional.

Entre 2022 y 2025, este equipo especializado atendió a 5.060 líderes víctimas de amenazas, pero apenas logró 41 sentencias condenatorias. Esto genera un escenario donde “miles de casos de amenazas y ataques no presenten ningún avance investigativo”. A esto se suma que delitos graves como la tentativa de homicidio quedan en manos de fiscalías seccionales que “no siempre logran cumplir con los estándares internacionales de investigación”.

La omisión como cómplice

El reporte también evaluó el rol disciplinario frente a los funcionarios estatales que fallan en su deber de prevenir estos crímenes. La organización internacional señaló que, si bien la Procuraduría ha intentado sancionar estas omisiones, “no ha logrado establecer un sistema de control disciplinario suficientemente robusto que permita corregir fallas sistemáticas”.

El documento concluyó de forma tajante que “la ausencia de un monitoreo disciplinario más riguroso facilita la repetición de conductas negligentes y limita la responsabilidad institucional”, dejando a las personas defensoras en un estado de vulnerabilidad permanente frente a la criminalidad y la desidia estatal.

Para intentar cerrar esta brecha, la ONU ordenó -en forma de recomendación urgente al Estado- “acelerar la implementación de la política de desmantelamiento del fenómeno criminal” y reforzar la presencia investigativa en los territorios, única vía para que el derecho a defender los derechos humanos deje de ser una sentencia de muerte en Colombia.