Las pruebas que enredan a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; Fiscalía pide su detención domiciliaria

Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó la imputación a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior Luis Fernando Velasco, por estar involucrados presuntamente con los hechos de corrupción que ocurrieron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Al mediodía la de este lunes, 1 de diciembre, la audiencia fue suspendida para que la defensa de ambos exministros presenten observaciones y luego de eso, si así lo considera, el Tribunal dará validez a la imputación.

La fiscal María Cristina Patiño explicó que tanto Bonilla como Luis Fernando Velasco presuntamente hicieron parte de un entramado criminal para desviar contratos de entidades como la Ungrd y el Invías, a cambio de destrabar créditos públicos y proyectos de reformas del Gobierno Nacional en el Congreso.

A cambio de ello, explicó la Fiscalía, comprometieron la entrega, en total, de 79 proyectos a senadores y miembros de la Cámara de Representantes que sumaban 612.000 millones de pesos. Sin embargo, solo siete de ellos se habrían concretado.

“Lideraron, promovieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas al interior del Invías y la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas.

Plantearon las líneas bases del modus operandi que en groso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”, explicó la fiscal.

Entre las pruebas que la Fiscalía tiene en su poder están, por ejemplo, que para lograr el apoyo de la reforma pensional, el exministro Velasco pidió a Olmedo López apoyar esa reforma; presentarse al debate para entregar contratos y ampliar las mayorías en esa comisión.

Pero también las órdenes que presuntamente le dio Bonilla a la exasesora María Alejandra Benavides y que lo vincularían presuntamente con el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones de pesos. Se trata de contratos, asignados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

Los delitos por los que tendrán que responder son concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.

Respuesta de los imputados

Después del reinicio de la audiencia, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla no aceptó los cargos, formulados por la Fiscalía, en el caso de la UNGRD.

Bonilla aseguró que cumplió cabalmente con sus funciones como Ministro de Hacienda. “Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito, no tengo nada que negociar con la Fiscalía”, aseguró. Por su parte, Velasco cuestionó que la Fiscalía no le explicó los hechos por los que se le investigan claramente.

Luego de que los exministros presentaran sus defensas ante el Tribunal, la Fiscalía solicitó la imposición de una medida de aseguramiento con detención domiciliaria para Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, argumentando que se cumplen los requisitos constitucionales y legales para restringir su libertad mientras avanza el proceso.

Durante su intervención, el ente acusador precisó que acudió a esta etapa del trámite judicial, “con el propósito de solicitar a la jurisdicción la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados”, indicando que la petición se fundamenta en “el marco jurídico previsto por el ordenamiento constitucional en el artículo 250.1 y en los preceptos 306 y siguientes de la Ley 906 de 2004”.

La fiscal María Cristina Patiño explicó que, según la evaluación del caso, se cumplen los requisitos formales previstos en la ley para decretar una medida de aseguramiento.

“La Fiscalía General de la Nación verifica la plena identidad de los imputados y considera que concurren los elementos necesarios para la medida, dada la gravedad de los hechos imputados y el riesgo procesal que podría afectar el desarrollo adecuado del proceso”, señaló.

Por último, la Fiscalía insistió en que la detención domiciliaria es necesaria debido a la magnitud del presunto entramado de corrupción en la UNGRD y a la posición de poder que ambos exministros habrían ocupado durante los hechos.

“La medida resulta proporcional, adecuada y necesaria para garantizar la comparecencia de los imputados y evitar interferencias en la investigación”, afirmó la fiscal al cerrar su solicitud ante el Tribunal.