Zona Diamante
Un fiscal especializado acusó formalmente a María Cristina Palau Salazar, exdirectora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), como presunta responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por la aprobación de un contrato por el valor de $3.121 millones de pesos.
El material probatorio recolectado por el ente acusador indica que
la exfuncionaria habría solicitado el certificado de disponibilidad presupuestal y tramitó una prorroga en tiempo y valor cuyo objetivo inicial era la adecuación de varias obras civiles.
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Adición que finalmente sí se realizó, luego de ser declarada insubsistente, la exfuncionaria con el propósito de garantizar el suministro de licuadoras, estufas, neveras, y otros elementos de oficina, una actividad muy distinta contemplada en el contrato original.
Al parecer, la exdirectora de la Uspec habría violado los principios de responsabilidad, economía y transparencia de la contratación pública, teniendo en cuenta que la compra para la dotación de cocinas y oficinas de los centros carcelarios debía realizarse bajo licitación pública cuyo proceso de contratación es distinto.
