Cámara Colombiana de Infraestructura exige avances de la Fiscalía por violencia en carreteras del país

La operación de varias vías concesionadas en Colombia atraviesa un momento de alta vulnerabilidad como consecuencia de hechos violentos, ataques directos a la infraestructura y bloqueos reiterados que han afectado de manera significativa la movilidad, la seguridad y el desempeño económico del país.

Así lo advirtió la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), al exponer un balance de episodios recientes y de cifras acumuladas entre 2023 y 2025 que evidencian un deterioro sostenido de las condiciones de operación en distintos corredores viales.

Según el gremio, los recientes atentados contra estaciones de peaje evidencian la fragilidad en la seguridad de estos proyectos. Uno de los episodios más recientes se registró en el peaje Cabildo, ubicado en la concesión Vías del Nus, durante la semana del 8 de diciembre.

A este hecho se sumó un ataque posterior contra el peaje Lizama, en la vía hacia Barrancabermeja, que de manera preliminar fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Para la CCI, este tipo de acciones se han convertido en una constante y no en eventos excepcionales.

El diagnóstico del gremio indica que los atentados se han extendido a otros corredores estratégicos. Entre ellos figuran la Ruta del Sol III, las troncales del Magdalena y la vía Popayán–Santander de Quilichao, donde se han reportado daños severos a la infraestructura.

En estos tramos, más de 40 máquinas destinadas a la operación y mantenimiento vial fueron destruidas, lo que ha afectado la continuidad de las labores y ha puesto en riesgo tanto a los trabajadores como a los usuarios de las vías.

A este escenario se suma la alta frecuencia de bloqueos en carreteras concesionadas. Pues de acuerdo con la información recopilada por la CCI, entre 2023 y 2025 se han contabilizado más de 2.000 cierres en diferentes corredores.

Estas interrupciones han tenido efectos directos en la circulación de personas y mercancías, generando demoras prolongadas y afectando la prestación regular del servicio vial.

El impacto económico de esta situación también fue subrayado por la Cámara. Las pérdidas derivadas de los bloqueos y de los ataques a la infraestructura se estiman en cerca de 10 billones de pesos, una cifra que refleja las consecuencias sobre la competitividad del país, el abastecimiento de productos y el funcionamiento de las cadenas logísticas que dependen de la red vial concesionada.

Además de los atentados y bloqueos, el gremio advirtió sobre otros hechos que agravan el panorama de seguridad, como asonadas en peajes y la exigencia irregular de dinero a conductores por parte de grupos que, sin respaldo legal ni constitucional, condicionan el paso de los vehículos.

Estas prácticas, según la CCI, se han vuelto recurrentes en algunos puntos del país y contribuyen a la percepción de inseguridad en las carreteras.

Frente a este contexto, la Cámara Colombiana de la Infraestructura manifestó su inquietud por la falta de resultados concretos en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

El gremio señaló que no se conocen avances significativos ni capturas de responsables, lo que coincide con la repetición de hechos violentos en distintos corredores.

Si bien la CCI reconoció la disposición de la Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa para mejorar las condiciones en las vías concesionadas, insistió en la necesidad de fortalecer la presencia del Ejército Nacional en los puntos críticos, como una medida clave para proteger la infraestructura y garantizar una operación segura y continua de los corredores viales.