Avanza desalojo voluntario de las comunidades indígenas del Parque Nacional en Bogotá

Fueron más de ocho meses en los que el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, declarado como Monumento Nacional de Colombia, albergó a más de 536 familias y 1.580 personas de la comunidad indígena Embera, quienes encontraron en este lugar el espacio perfecto para protestas por la falta de apoyo del Gobierno Nacional, tras desplazarse de sus territorios.

Tras estos más de 200 días, bajo el inclemente frío de la capital del país, sin acceso al agua potable y en condiciones precarias, las autoridades distritales y nacionales lograron llegar a una serie de acuerdos con estas comunidades que se encontraban asentadas en este lugar emblemático de la ciudad, para ser trasladados a la Unidad de Protección Temporal de La Florida o albergues temporales.

El acuerdo, alcanzado el pasado viernes en la noche, tras dos días de negociación entre representantes de la comunidad y las autoridades distritales, en cabeza del secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, y del Gobierno Nacional, liderado por el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, se empezó a desarrollar desde el pasado sábado en horas de la mañana, con el desplazamientos de los indígenas.

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Aunque en un principio hubo resistencia de parte de algunos miembros de estas comunidades, fueron más de 475 familias las que salieron de este lugar en el transcurso del fin de semana, en cumplimiento de los acuerdos anunciados por el Gobierno, pero todavía faltan algunos miembros de estas comunidades que no han querido salir de la zona.

“El Distrito ha puesto todo el interés para que este traslado se dé en condiciones seguras, se brinden las condiciones necesarias y se otorgue la asistencia alimentaria debida a las comunidades indígenas mientras son trasladados a sus territorios por parte de la Unidad Nacional para las Victimas”, aseguró el subsecretario de Gobernabilidad de Bogotá, Daniel Camacho.

Los indígenas están siendo trasladados en primera medida a casas de apoyo escogidas por las propias comunidades, mientras que otros están siendo dirigidos a la UPI del parque de La Florida, donde se encuentran otros miembros de estos pueblos ancestrales asentados desde hace varios meses. Sin embargo, todavía hay bastante resistencia de quienes consideran que no tienen garantías.

Algunos indígenas que se encuentran pernoctando en este lugar argumentaron que no se quieren ir, pues estos sitios a los que están siendo trasladado representan un peligro para su integridad, ya que allí se han presentado entre 8 y 10 muerte de integrantes de esta comunidad. Sin embargo, los que han salido esperan que se cumpla con los acuerdos.

“Tenemos fe en que los acuerdos firmados con el Gobierno nacional y Distrital se cumplan. No solo beneficia a los 15 pueblos indígenas, sino a toda una ciudadanía”, dijo Jairo Montañez, coordinador de las autoridades indígenas. El regreso a los territorios estará garantizado con apoyo económico para financiar proyectos productivos y alternativas de vivienda para las comunidades.

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“Vamos a apoyar con proyectos productivos a todas las comunidades indígenas que van a retornar. Nos parece que apoyarlos en proyectos productivos es el camino para fortalecerlos, para darles oportunidades”, afirmó Carlos Alberto Baena, Viceministro del Interior, quien resaltó la voluntad de las dos partes para llevar un diálogo “decidido” y “muy productivo”.

También se acordó que las familias que decidan quedarse en Bogotá tendrán apoyo para su reorganización y acompañamiento psicosocial, con el fin de restablecer sus condiciones sociales y económicas.

La fecha del plan de retorno de los pueblos indígenas a sus territorios aún se desconoce, por ahora tanto la Unidad para las Víctimas como las autoridades de la comunidad continúan con los traslados voluntarios, los cuales se estarán desarrollando a lo largo de esta semana.