Colegios endurecen reglas 2026: estudiantes deberán cumplir con este requisito

A partir de 2026, los colegios en Colombia aplicarán criterios más estrictos para la promoción escolar, una decisión que vuelve a poner en el centro del debate el alcance del derecho a la educación y la autonomía de las instituciones educativas.

El cambio se da en un contexto de cierre del año académico, cuando miles de estudiantes y familias evalúan los resultados obtenidos tras cerca de 40 semanas lectivas y se enfrentan a la posibilidad de repetir el grado.

El derecho a la educación es uno de los pilares fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia. El artículo 67 establece que este servicio público es responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia, y que su prestación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. Además, fija como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica, subrayando la importancia de garantizar el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores culturales.

Durante años, el debate sobre la promoción automática de los estudiantes estuvo marcado por el decreto 230 de 2002. Esta norma limitaba al 5 % el número de alumnos que podían perder el año en cada institución educativa, lo que en la práctica reducía considerablemente la posibilidad de repetir el grado.

Aunque la medida buscaba proteger la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, también generó cuestionamientos sobre su impacto en la calidad de la educación y en los procesos de evaluación académica.

Sin embargo, esa regulación dejó de estar vigente hace más de una década. El Ministerio de Educación confirmó que el decreto 1290 de 2009 eliminó dicha restricción y otorgó mayor autonomía a los colegios para definir sus propios criterios de evaluación y promoción. En otras palabras, ya no existe un límite máximo de estudiantes que puedan perder el año ni un porcentaje fijo de inasistencias que determine automáticamente la repitencia escolar.

Desde la cartera educativa se ha insistido en que la idea de “pasar el año por decreto” es un mito que persiste entre algunos estudiantes y padres de familia, pero que no corresponde a la normatividad actual. Las instituciones educativas tienen la facultad de establecer sus reglas internas, siempre y cuando estas respeten el derecho fundamental a la educación y estén alineadas con los fines formativos del sistema.

En este escenario, la niñez y la adolescencia siguen siendo consideradas etapas clave para el desarrollo integral. Organizaciones como Aldeas Infantiles han señalado que durante estos años se consolidan habilidades sociales y emocionales esenciales para la vida futura, lo que refuerza la necesidad de procesos educativos responsables y exigentes.

A pesar del endurecimiento en los criterios de promoción, el decreto 1290 mantiene una garantía importante para los estudiantes: aquellos que pierdan el año no pueden ser excluidos del sistema educativo. Los colegios están obligados a asegurar la continuidad del cupo escolar al año siguiente, como parte de la protección del derecho a la educación.

Así, de cara a 2026, los colegios en Colombia se preparan para aplicar evaluaciones más rigurosas, mientras estudiantes y familias enfrentan un panorama en el que el desempeño académico cobra mayor peso.

El desafío estará en equilibrar la exigencia académica con la protección de los derechos fundamentales, asegurando una educación de calidad sin cerrar las puertas a quienes necesitan una segunda oportunidad.