Vivir en un cambuche: el drama de las familias que permanecen en zonas públicas de Cali

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Vivir en un cambuche: el drama de las familias que permanecen en zonas públicas de Cali

Junio 14, 2020 - 08:00 a. m. Por:
Redacción de El País

Gilbert, Mingli y Jermanys llevan dos meses viviendo sobre el separador de la Avenida 2Bis Norte. En su carpa aguardan la esperanza de una nueva tanda de viajes humanitarios hacia la frontera con Venezuela, pues quieren retornar a su vivienda en Puerto Cabello, en Carabobo.

Jorge Orozco / El País

La tira de lonas plásticas negras se extiende por más de una cuadra y media. Un par de ramas de árboles y otras cuantas piedras y pedazos de ladrillos terminan por fijarlas al piso y evitan que los vendavales o la lluvia acaben con los cambuches que hoy sirven de hogar a más de 150 personas, a menos de 100 metros de la Terminal de Transportes de Cali, justo entre San Vicente y Prados del Norte.

Gilbert llegó al separador de la carrilera hace dos meses, junto a Mingli, su novia; y Jermanys, su hija de un año. Son migrantes y viven dentro de una carpa vino tinto que no tiene más de 1,8 metros de largo por 2 metros de ancho, donde guardan cuatro mudas de ropa para cada uno, un par de galones para recoger agua, dos cojines y un par de morrales; en un pequeño árbol junto a su hogar, amarrada con una cadena y un candado, está la bicicleta con la que han conocido Cali.

Antes de llegar al separador contiguo a la Terminal, ellos vivían en una habitación en una casa en Terrón Colorado. La ocuparon durante un año y medio, pero una vez el Covid-19 encerró la ciudad puertas adentro, Gilbert perdió su empleo como soldador en un taller y se quedó sin con qué pagar los $400.000 que le cobraban por arrendar la pieza cada mes. Aunque siguió en el rebusque cuidando carros en un supermercado, los $20.000 que alcanzaba a arañar por jornada solo alcanzaban, acaso, para que comieran dos veces al día.

Pese a que durante la cuarentena el Gobierno Nacional prohibió a los arrendatarios expulsar y desalojar a los ocupantes de sus viviendas, hay quienes hacen oídos sordos y, sin importar karma o demanda alguna, pasan a desahuciar inquilinos al ver que no cumplen con su cuota. Esa insensatez fue lo que llevó a esta familia al cambuche.

“Un día salimos los tres a rebuscar en los semáforos del Norte y cuando volvimos a Terrón ya nos habían sacado de la casa las cosas; nos robaron ropa y un mercado que nos había dado la Alcaldía. Nos quedamos con una mano adelante y la otra atrás”, cuenta Gilbert, mientras arranca del pie de Jermanys una aguja de coser que se enterró mientras caminaba descalza por el nuevo vecindario.

Mingli, entre tanto, dice que si bien en Cali puede alimentar a su hija a diario, la vida en la calle termina por vencerla. Tanto así que la única solución que ve con claridad desde hace dos meses que vive en esa pequeña carpa es retornar junto a su familia a Puerto Cabello. De hecho, ellos estaban destinados a salir en uno de los viajes a la frontera que se hicieron entre abril y mayo, pero en un vuelco de suerte terminaron quedándose a la espera de un nuevo viaje que les lleve de vuelta a su tierra.

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Pasando la Avenida 2Bis Norte, sentada sobre el tronco de lo que solía ser un samán, Josefina cuenta que hace dos semanas llegó a instalarse en este campamento, tras haber caminado desde Cúcuta durante dos meses y medio, apenas un par de días antes que la cuarentena iniciara. A sus cincuenta y nueve años dice que nunca pensó que pudiera caminar tanto. Mucho menos esperó hacer la caminata con un virus acechando una travesía que tenía como propósito reencontrarse con su hija, a quien no ve hace ocho meses.

Es la primera vez que duerme sobre la tierra, cuenta esta mujer que trabaja como conserje en una escuela en Maracay. También es la primera vez que para ducharse tiene que ir a un río, o que a diario debe ir al baño a una gasolinera, o que debe esperar la llegada de samaritanos que se acercan a repartir comida y ropa en el campamento.

“Vivir en la calle no es fácil porque uno nunca sabe qué pueda pasar, no hay nada seguro. Pero esta es una comunidad, una familia grande. Esto parece un Sambil, porque hay gente de San Cristóbal, Caracas, Maracay...”, dice Josefina, haciendo referencia a esa cadena de centros comerciales regados por Venezuela donde “hay de todo”.

Josefina advierte que lo que más le preocupa son los niños que hay en el campamento, porque “uno puede embolatar el hambre, pero ¿cómo se le dice a un niño que no hay nada para comer?”.

Los separadores y zonas verdes de la ciudad, que empezaron con un par de toldas itinerantes que albergaban tres o cuatro familias, hoy se han tornado en campamentos enteros a los que cada día llegan más personas con historias unidas por el infortunio del destecho.

Ese es el drama que viven más de 200 migrantes que ya completan dos meses acampando dentro de 50 carpas recubiertas con plástico en el Parque de Las Banderas. Allí, al igual que en el campamento cercano a la Terminal, la esperanza sigue siendo que un bus les lleve hasta Arauca para retornar a Venezuela.

Más al sur, sobre el separador de la Autopista Simón Bolívar también se ven varias habitaciones levantadas con lonas de publicidad política y de eventos, sostenidas con lo que solían ser cabezotes de camas y carretas de reciclaje. Tan solo entre las carreras 70 y 92 se cuentan doce viviendas improvisadas.

El más grande de los cambuches de la zona está en la Carrera 83, donde un hombre desde hace poco más de mes y medio levantó su caserón con plásticos publicitarios y lonas negras. Afuera, en un porche tiene una poltrona para pasar la tarde. Su terruño está delimitado con pequeñas ramas que simulan un cerco y son la barrera entre su ‘propiedad’ y la de cualquier otro que llegue a este reducto de barrio.

Campamentos con licencia temporal

El debate de levantar, o no, estas ocupaciones tiene un trasfondo que no es menor. Si bien hay quienes reclaman que no se debe permitir la invasión del espacio público, en medio también tercia el argumento que en la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país no es conveniente realizar desalojos.

En cierta forma la emergencia por la pandemia de Covid-19 ha moderado el libreto del Estado de forma selectiva. Esto, al menos en Cali, pues mientras en varios corredores proliferan las ocupaciones, el pasado martes fueron desalojadas ocho viviendas en el sector de La Viga, por encontrarse en un espacio cercano a condominios y donde, a futuro, se construirá una vía. El proceso hoy está suspendido y, por una tutela que garantizó los derechos de las personas que vivían en el sitio, un juez le ordenó a la Alcaldía otorgarle albergue a las 22 familias que allí residen.

En ese sentido, el alcalde Jorge Iván Ospina señaló que los cambuches que se han abierto paso en la ciudad “tendrán que ser levantados. Nosotros no podemos posibilitar que tengamos asentamientos en corredores ni en espacios no apropiados. Vivimos momentos de tensión y difíciles, pero tarde o temprano tendrán que ser desalojados, de manera voluntaria, aspiro”.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Rojas, aseguró que “en cualquier momento habrá una respuesta al control de cambuches, no necesariamente un desalojo. Cali es una ciudad muy atractiva para estos asentamientos, pero hay que buscarle unas alternativas legales, viables y legítimas a este problema social”.

Y aunque dese el Municipio se ha advertido que no hay cómo repatriar más migrantes, la esperanza sigue intacta para Gilbert, Mingli, Jermanys y las familias de migrantes apostadas en separadores y calles, quienes seguirán esperando bajo sus carpas que llegue ese milagro con forma de autobús que los lleve de vuelta a la tierra prometida.

Invasiones y retornos

  • Desde febrero, aseguró César Lemus, líder de la Unidad Anti Invasiones, se han intervenido 200 intentos de invasiones. Durante los procedimientos se hicieron demoliciones y suspensiones de obras.
  • En cuanto a los retornos de población migrante, la secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, sostuvo que el Municipio no cuenta con más recursos para repatriar migrantes, por lo que se está buscando con empresas privadas patrocinar el transporte.
  • Perdomo dijo que desde su cartera se está sirviendo de puente para coordinar solo protocolos de llegada a la frontera de quienes cuentan con recursos para pagar el transporte por su cuenta. En promedio, el pasaje cuesta $190.000 por persona a Arauca.
  • Hasta mayo, la Alcaldía de Cali coordinó el traslado de 2080 personas hasta la frontera con Venezuela.

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