Exclusivo: Los argumentos que radicaron los concejales de Cali para no asistir a las cuatro plenarias para elegir contralor

El Concejo Distrital de Santiago de Cali cerró su periodo de sesiones ordinarias sin elegir al Contralor Distrital para el periodo 2026-2029 ni aprobar el Presupuesto General de Rentas para 2026. La falta de cuórum decisorio durante cuatro sesiones consecutivas, entre el 27 y el 30 de noviembre, impidió avanzar en ambos puntos.

Hasta 14 concejales se ausentaron de manera reiterada tras radicar constancias de inasistencia amparadas en el artículo 84 del Reglamento Interno (Acuerdo 0550 de 2022), en las que expusieron razones jurídicas y disciplinarias para no participar en la votación.

Riesgo disciplinario

El concejal Carlos Andrés Arias Rueda, en constancias radicadas para las sesiones del 27 y 28 de noviembre, señaló que pese a las proposiciones formuladas para atender las observaciones del ente de control, “persisten inquietudes y aspectos que requieren mayor claridad respecto de la legalidad del procedimiento”. Añadió que avanzar en la elección “sin contar con la totalidad de claridades solicitadas y sin haberse despejado plenamente las dudas planteadas por el órgano de control disciplinario, podría impactar la confianza en el procedimiento” y generar “responsabilidades que podrían recaer sobre los miembros de esta Corporación”.

La concejal Daniella Plaza Saldarriaga, en sus constancias del 28, 29 y 30 de noviembre, citó textualmente la advertencia de la Procuraduría según la cual “la persistencia en el desconocimiento de los vicios de legalidad y la continuidad del proceso bajo estas condiciones podría comprometer la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Mesa Directiva y del Concejo Distrital”. Agregó que continuar con la elección “con los vicios señalados (...) genera serias dudas sobre su legalidad”, lo que podría derivar en la “nulidad del acto administrativo de elección”.

El concejal Edison Alberto Giraldo Hoyos fundamentó sus inasistencias en el “principio constitucional de moralidad administrativa (art. 209 C.P.) y la obligación de no participar en actuaciones que puedan estar afectadas por irregularidades advertidas por un órgano de control”. Consideró que abstenerse era un “deber ético y político de un concejal de no convalidar actuaciones que puedan ser cuestionadas o que no ofrezcan plena confianza a la ciudadanía”.

Por su parte, el concejal Fabio Alonso Arroyave Botero dejó consignado el 28 de noviembre una posición de cautela: “Ante la duda, esta curul determina no participar ni convalidar ningún actuar previamente sometido a una advertencia”. La misma frase fue reiterada en una constancia aportada el 30 de noviembre, aunque fechada originalmente el 28.

Señalamientos a la Mesa Directiva y presuntos vicios procedimentales

El concejal Rafael Andrés Escobar González, en constancia del 28 de noviembre, denunció una “sistemática vulneración del Reglamento Interno por parte de la Presidencia, al negarse a someter a consideración y votación de la plenaria la proposición presentada formalmente por el honorable concejal Carlos Andrés Arias Rueda”.

En su constancia del 30 de noviembre, Andrés Escobar manifestó que su inasistencia “se mantiene como una medida legítima de defensa del orden normativo y de prevención frente a la eventual configuración de responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales derivadas de continuar participando en un proceso cuya legalidad está siendo objeto de estudio judicial dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 3362976”.

La concejal Audry María Toro Echavarría, ausente los cuatro últimos días de sesión, reiteró que las proposiciones radicadas los días 19, 24 y 26 de noviembre “no fueron sometidas a consideración de la plenaria, ni resueltas”, lo que calificó como violatorio de lo dispuesto en el capítulo VI del reglamento. Añadió que la Mesa Directiva entregó un concepto jurídico del abogado Luis Mario Duque en el que, según su constancia, se concluía “que todo está muy bien y ajustado a derecho, que tanto el Procurador Delegado, como el Tribunal del Tolima, están equivocados en sus apreciaciones”.

Incertidumbre jurídica y precaución institucional

La concejal Alexandra Hernández Cedeño, en su constancia del 28 de noviembre, expuso como fundamento de su ausencia la “obligación de corrección previa (art. 41 CPACA)”, además de un posible “vicio de competencia” por actuaciones atribuibles a la universidad acompañante en funciones exclusivas de la autoridad administrativa. Señaló que su decisión buscaba “evitar la materialización de riesgos disciplinarios advertidos por la autoridad competente”.

El 29 de noviembre, Hernández Cedeño añadió que le resultaba “especialmente preocupante que la Mesa Directiva haya incluido dentro de la misma sesión, y supeditado al punto anterior, la discusión y aprobación del Presupuesto Distrital”, lo que calificó como “un riesgo institucional”.

Otros concejales coincidieron en la necesidad de mayor claridad jurídica. Juan Felipe Murgueitio Bustamante sostuvo en constancias del 28, 29 y 30 que el proceso “aún presenta aspectos que requieren precisiones y mayores seguridades jurídicas antes de continuar con la etapa de elección”.

Carlos Ariel Patiño Moya, en los mismos días, anotó que su ausencia obedecía a un criterio de “prudencia institucional ante las comunicaciones recibidas” y pidió que las observaciones de la Procuraduría fueran “revisadas y atendidas por las instancias competentes antes de continuar con la etapa de elección”.

El concejal Marlon Andrés Cubillos Borrero presentó excusa únicamente para el 28 de noviembre, alegando compromisos de “última hora” relacionados con su rol como “presidente del partido conservador en la ciudad de Cali”.

Un Concejo paralizado y un presupuesto en suspenso

El cuórum no se alcanzó en ninguna de las cuatro sesiones convocadas, lo que impidió votar la elección del Contralor y aprobar el presupuesto para 2026.

El presidente del Concejo, Edison Lucumí, defendió durante la última sesión la actuación de la Mesa Directiva y afirmó: “Este proceso de elección de contralor fue llevado acorde a la norma y a la ley; cumplimos cada etapa del cronograma”.

La concejal María del Carmen Londoño advirtió que la vacancia permitirá al alcalde Alejandro Eder “designar un contralor encargado a partir del próximo año”, contrario al escenario en el que “la Contraloría fuera elegida por el Concejo, tal como lo establece la Constitución y la Ley”.

En paralelo, el concejal Roberto Ortiz afirmó que el alcalde Eder estaba “metiendo las narices en algo que no le compete”, y concluyó que “todo está consumado, los pactos se cerraron”.

Entre los concejales que no asistieron a ninguna de las cuatro sesiones y no presentaron constancia de inasistencia se encuentran James Junior Agudelo Arévalo, a quien se le vio el fin de semana en un Yate en la isla de San Andrés, Henry Peláez Cifuentes y Carlos Hernando Pinilla Malo.