El Gobierno Nacional emitió un decreto desde el Ministerio del Trabajo para combatir el “fraude laboral” y acabar con la práctica de empleos permanentes bajo la modalidad de contratos temporales.
Se trata del Decreto 0581 de 2026 que tiene el objetivo de frenar la tercerización laboral ilegal en Colombia, según lo expuso el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en su cuenta de X.
“¡SE ACABÓ el abuso de disfrazar empleos permanentes como contratos temporales! Desde el Gobierno del presidente Petro, hemos expedido el Decreto 0581 de 2026 para combatir la tercerización ilegal y garantizar que nadie pueda esconderse detrás de un contratista para negar derechos laborales“, sostuvo el funcionario en su perfil de dicha red social.
Es importante tener en cuenta que figuras laborales legítimas como los contratistas independientes, los contratos sindicales y la operación de las empresas de servicios temporales seguirán funcionando con normalidad.
A renglón seguido explicó que las empresas deberán cumplir a cabalidad con los derechos estipulados por el ministerio según el tiempo real que sus colaboradores siguen órdenes o realizan tareas laborales.
“No podemos dar marcha atrás en lo conquistado ni en lo que dicta el sentido común: si una empresa da las órdenes, controla el trabajo y se beneficia de manera permanente de esa labor, también debe responder por los derechos de quienes la realizan.
En el documento también es claro que las organizaciones que incumplan con lo establecido podrán ser multadas con cifras que alcanzan los 5.000 salarios mínimos.
“Con este decreto, desde el Ministerio de Trabajo fortalecemos la inspección, la formalización y las sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos para quienes utilicen intermediarios con el fin de evadir sus responsabilidades laborales”, enfatizó Sanguino.
Por último, señaló que este decreto no acaba la tercerización legal y, por el contrario, reafirma las normas para que se responda a los trabajadores que se encuentren en dicho modo de cocontratación.
Las agencias de empleo temporal legales y los contratos con sindicatos seguirán funcionando sin problemas, siempre y cuando respeten las garantías de los empleados.
“Que no le metan cuento: no estamos prohibiendo la tercerización legal. Estamos poniendo fin al fraude laboral. Los derechos no retroceden ni serán tercerizados para complacer a los nostálgicos del pasado precario”, concluyó el ministro de Trabajo.
De esta manera, ya con la firma del encargado de la cartera, el documento entró en vigor, otorgando las facultades a funcionarios para investigaciones y revisiones con dicho enfoque.