Reforma ‘antimer­melada’ busca poner bajo vigilancia pública la gestión de recursos de los congresistas

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó este jueves ante el Congreso de la República, un proyecto de acto legislativo que pretende regular la gestión de los parlamentarios para impulsar inversiones en sus regiones, establecer controles sobre posibles conflictos de interés y hacer públicas las solicitudes de proyectos.

Se trata de la denominada reforma ‘antimermelada’ que llega al Congreso de la República como una de las apuestas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para modificar la manera en que se venían aprobando millonarios proyectos en los territorios.

Y es que, la iniciativa busca que las gestiones de los congresistas para promover obras en sus departamentos y municipios se realicen de manera pública, con mecanismos de seguimiento ciudadano y límites frente a la contratación estatal.

Así, el proyecto, que fue presentado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, busca acabar con los acuerdos ocultos que históricamente han sido asociados con la denominada ‘mermelada’: la asignación de recursos o beneficios políticos a cambio de respaldos legislativos.

“La regla de este Gobierno es la transparencia. Todos los colombianos conocen la palabra mermelada, y todos sabes qué significa y es lo oculto, es el proyecto de inversión que aparece en una región sin que nadie sepa quien lo pidió, por qué se aprobó y a cambio de qué”, afirmó Lara.

Cabe decir que, uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un registro público en el que deberán quedar consignados los proyectos de inversión que los congresistas propongan para sus territorios.

De acuerdo con lo explicado por el ministro, cualquier ciudadano podrá consultar esa información y conocer quién presentó cada iniciativa, cuál es su objeto, dónde se ejecutaría y cuándo fue postulada.

El mecanismo busca que las solicitudes de inversión de senadores y representantes a la Cámara dejen de depender de gestiones reservadas y puedan someterse al escrutinio público.

Ahora bien, otro de los puntos fundamentales consiste en separar la promoción de los proyectos de inversión de los procesos de contratación.

Y es que, según lo presentado por Lara, los congresistas podrían impulsar iniciativas para sus departamentos y municipios, pero no estarían autorizados para intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados de esos proyectos.

Además, la propuesta mantiene la responsabilidad del Gobierno nacional en la formulación del presupuesto, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo. Por tanto, la presentación de un proyecto por parte de un congresista no significaría que su financiación esté garantizada ni que deba ser aprobado automáticamente.

Todo lo anterior, según Lara, pone orden al régimen de conflictos de interés. “Hay conflicto cuando existe un beneficio particular y determinado”, explicó el ministro Lara.