La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022 por presuntas irregularidades en la financiación y violación de topes electorales generó una ola de reacciones en el mundo político.
La votación, que se había mantenido bloqueada durante meses, se destrabó tras el sufragio del conjuez Majer Nayib Abushihab, quien permitió consolidar una mayoría de seis votos frente a tres para imponer la sanción. El fallo señala que la campaña habría excedido los topes en ambas vueltas presidenciales, con un desbalance superior a los 3.500 millones de pesos.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el representante a la Cámara, Christian Garcés, quien sostuvo que la decisión del CNE evidencia la falta de acción de la Comisión de Acusaciones frente a las obligaciones que le competen. Aseguró que, pese a las advertencias, la Comisión no ha abierto una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por la supuesta violación del artículo 109 de la Constitución.
“Este tema no es solo legal, es político”, afirmó, al señalar que sectores cercanos al Gobierno dentro de la Comisión estarían dilatando el proceso. También pidió revelar los informes de la UIAF relacionados con los reportes que manejó Ricardo Roa, gerente de campaña en 2022 y hoy presidente de Ecopetrol.
Por su parte, la precandidata presidencial Vicky Dávila reaccionó con dureza al calificar la violación de topes como un acto de corrupción. Aseguró que la llegada de Petro al poder se habría dado bajo estas irregularidades y señaló que, en su criterio, el fallo confirma la necesidad de revisar con rigor el origen y la legalidad de los recursos usados en la campaña.
El senador de oposición Carlos Fernando Motoa también cuestionó el financiamiento, asegurando que la campaña habría utilizado recursos de procedencia desconocida. “Esto demuestra que Petro ganó la Presidencia con trampa , con recursos irregulares que financiaron su campaña. ¿De dónde salieron esos cerca de 6 mil millones de pesos? ¿De criminales? ¿Cuál fue el compromiso de Petro con esos financiadores?”, expresó Motoa .
Otra reacción provino desde el Pacto Histórico. La senadora Isabel Zuleta calificó la decisión del CNE como un nuevo episodio de “persecución política” contra el presidente Gustavo Petro y contra el proyecto que representa la coalición. Señaló que el organismo electoral no solo habría obstaculizado la creación del nuevo partido del Pacto Histórico, sino que ahora impone una sanción basada en el voto de un conjuez a quien cuestionó por un presunto conflicto de interés.
La senadora Paloma Valencia, aseguró que “El CNE acaba de darnos la razón. Petro rompió los topes electorales”. Agregó que la Constitución es clara en que “quien obtiene un cargo rompiendo los topes tiene como sanción la destitución”. Valencia retó al presidente a publicar los reportes de la UIAF de Ricardo Roa, pues “allí están las pruebas de cómo se manejaron fondos cuya procedencia se desconoce”.
El aspirante presidencial Juan Manuel Galán también se pronunció tras la sanción del CNE, enfocándose en la necesidad de una transformación profunda del sistema político “confirma que, sin controles estrictos a la financiación política, la democracia queda expuesta”.
Con estas reacciones, el fallo del CNE se convirtió en un nuevo punto de tensión política que promete seguir escalando mientras se conocen los alcances legales y disciplinarios de la decisión.