Defensa de Uribe critica reactivación de procesos por crímenes de lesa humanidad relacionados con tres masacres

Este lunes, se dio a conocer que la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó un documento ante la Fiscalía General de la Nación en el que responde a la reactivación de tres procesos en su contra por crímenes de lesa humanidad: la masacre de El Aro, los hechos ocurridos en La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, casos que se remontan a cerca de 30 años atrás.

La acción jurídica advierte que estas actuaciones judiciales se estarían promoviendo “sin pruebas técnicas ni testimoniales sólidas”, cuestionando que se pretenda avanzar en imputaciones en un contexto preelectoral, de cara a las elecciones de 2026.

En el documento, titulado “Crónica de una injusticia: la construcción del ‘monstruo’ (El Aro, La Granja y Jesús María Valle)”, la defensa sostiene que durante más de dos décadas “sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”, y afirma que los hechos han sido distorsionados frente a lo que denomina “una infamia construida”.

Uno de los puntos centrales del documento es lo que la defensa denomina ‘la infamia del helicóptero en El Aro (1997)’. Según detalla el documento, “se ha repetido hasta la saciedad, que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia habría estado presente durante la masacre, transportando paramilitares o supervisando el crimen, supuestamente con Uribe a bordo o bajo su orden”.

No obstante, la defensa asegura que las bitácoras oficiales de vuelo, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de pilotos de la Gobernación demostraron que “ninguna aeronave oficial estuvo en la zona en las fechas y horas señaladas”.

El documento afirma que la acusación se sustenta en testimonios contradictorios de campesinos que, bajo el terror del momento, habrían confundido aeronaves militares o privadas con las de la administración departamental, y concluye que “no existe una sola prueba técnica” que vincule a la Gobernación con el transporte de los responsables.

Ahora bien, el escrito también cuestiona el peso otorgado al testimonio del exparamilitar Francisco Villalba Hernández, ya fallecido, quien aseguró haber visto a Álvaro Uribe en la zona de la masacre de El Aro felicitando a los paramilitares.

Según la defensa, “la realidad procesal demuestra que, en las fechas señaladas por Villalba, Uribe se encontraba cumpliendo agenda pública en Medellín y Bogotá, con múltiples testigos y registros oficiales. Además, recuerda que Villalba fue condenado por la masacre de El Naya y que sus declaraciones fueron desestimadas en otras instancias judiciales por “graves incongruencias”, calificando su relato como “física y temporalmente imposible, y producto de la fábrica de testigos falsos”.

Y, finalmente, se le relaciona con el fallecido secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, a quien se presenta como un supuesto “enlace” con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La defensa sostiene que atribuir conductas criminales a Moreno, quien ya no se puede defender, para luego, por vía de inferencia, “manchar” al entonces gobernador Álvaro Uribe ,es una estrategia “jurídicamente insostenible”, y recalca que no existe prueba alguna de que Moreno ordenara masacres ni, mucho menos, de que Uribe lo instruyera para ello, insistiendo en que la responsabilidad penal es individual.

“No hay prueba de que Moreno ordenara masacres, y mucho menos lo instruyera para ello”.

Ahora bien, en el documento, también se señala al denominado “reciclaje de testigos”, en particular al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Según la defensa, Mancuso ha cambiado su versión en múltiples ocasiones de acuerdo con su conveniencia jurídica —extradición, procesos de Justicia y Paz y, más recientemente, la JEP—.

“En 2006 y 2012 Mancuso negó vínculos con Uribe. Es probable que su repentino cambio de versiones pueda coincidir con su necesidad de obtener beneficios en la justicia transicional. Es un testigo de oídas y sin corroboración”.

Por si fuera poco, la defensa también subraya las limitaciones logísticas de la Fuerza Pública en la región durante los años noventa, señalando la precariedad en el acceso, el transporte y la disponibilidad de helicópteros, así como la dificultad histórica para llegar a El Aro, lo que —según el documento— descarta una omisión dolosa por parte del Estado.

“Se resalta que el acceso a El Aro era históricamente de difícil tránsito (herradura/trocha) lo que impedía una respuesta estatal efectiva, descartando la omisión dolosa”, señala el documento.

Finalmente, el documento desmitifica supuestas reuniones con paramilitares, negando cualquier visita de Mancuso a la hacienda El Ubérrimo y recordando que varios jefes paramilitares fueron extraditados durante el mandato presidencial de Uribe.