Crecen los temores por las repercusiones que pueda tener la crisis en la relación entre Estados Unidos y Colombia, luego de las acusaciones del presidente Donald Trump contra su homólogo, Gustavo Petro.
Durante el fin de semana, el líder de Estados Unidos aseguró que Gustavo Petro era narcotraficante, lo que generó reacciones políticas y económicas.
María Claudia Lacouture, presidente del gremio Aliadas y de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Amcham Colombia, habló con El País sobre las consecuencias de que esta crisis siga escalando.
¿Cómo analiza la actual crisis y qué tanto puede impactar a los empresarios colombianos?
La prioridad debe ser blindar el comercio y el empleo colombiano.
La coyuntura introduce un riesgo real para el sector productivo porque tensiona dos planos que el sector privado ha procurado diferenciar: la relación política y la relación económica. Si la escalada se traduce en aranceles o restricciones, el impacto sería directo sobre costos, márgenes y empleo en Colombia, especialmente en cadenas agroexportadoras (café, flores, aguacate) y en manufacturas y confecciones que hoy operan con encadenamientos binacionales. Además, una prolongación de la incertidumbre afecta la inversión: Estados Unidos es el principal origen de IED (Inversión Extranjera Directa) en Colombia y un deterioro en el clima político puede encarecer el financiamiento, posponer proyectos y reducir la productividad.
En síntesis, preservar la estabilidad de la relación comercial es un interés económico esencial para las empresas y para el empleo formal en el país.
¿Temen que esto derive en aranceles mayores para Colombia?
Lo dijo el propio presidente Trump. Y se debe decir con claridad, cualquier arancel o recorte de ayuda golpearía directamente el bolsillo de los colombianos.
A la luz de lo expresado por el presidente Trump, estamos ante un riesgo concreto con afectación directa sobre los ingresos de los hogares: más de cinco millones de empleos en Colombia están vinculados al comercio y la inversión de Estados Unidos. Un aumento de aranceles encarecería de inmediato nuestras exportaciones, restaría competitividad frente a terceros mercados, presionaría a la baja los precios pagados a productores y frenaría decisiones de inversión.
Más allá del origen político de la tensión, lo responsable es desescalar, volver a los canales institucionales y trabajar en soluciones técnicas: gestión de riesgos (cambiarios, logísticos y de contrato), diversificación de mercados, y activación de cláusulas de facilitación comercial que reduzcan costos y tiempos, mientras se restablece un clima de cooperación que devuelva previsibilidad a la inversión y a los contratos de suministro.
¿Se puede superar y cuál sería el camino?
Sí. El camino es diplomacia con agenda técnica: activar de inmediato los mecanismos bilaterales existentes, acordar una hoja de ruta sobre cooperación antidrogas con metas verificables, y establecer mesas público–privadas por sectores para identificar riesgos y medidas de mitigación (logística, certificaciones, trazabilidad, facilitación aduanera). En paralelo, mantener un mensaje coherente de respeto institucional y evitar la discusión en redes sociales reduce el ruido y acota la volatilidad. El objetivo es claro: proteger el comercio, la inversión y el empleo en ambos países mientras se encauzan las diferencias por vías formales.
¿Es momento de respaldar al Gobierno frente a la acusación de que Petro es un narcotraficante?
No me corresponde calificar acusaciones personales entre jefes de Estado. Sí corresponde recordar que Gustavo Petro fue elegido democráticamente y es el presidente de Colombia, con una institucionalidad que debe respetarse.
También es cierto que Estados Unidos ha manifestado de forma consistente su preocupación por el aumento de cultivos ilícitos y otros indicadores antidrogas, factores que inciden en la continuidad y el alcance de la cooperación. La respuesta responsable es tramitar este desacuerdo por los canales institucionales, con mesas técnicas, metas verificables y evaluación conjunta de resultados. De lo contrario, están en juego la seguridad, el empleo en las regiones, los programas de desarrollo y la confianza bilateral. Diplomacia y evidencia, no agravios.