Las vigencias futuras son un recurso especial con el cual se busca legalizar el gasto público a largo y mediano plazo, y asegurar acciones que no se pueden detener o son imprescindibles. Bajo esa figura el Concejo de Cali le aprobó a la Alcaldía $76.000 millones, monto que debe ser administrado con transparencia y eficiencia.

El próximo año empezará un largo proceso electoral que puede implicar el riesgo de parálisis en el normal desarrollo de los servicios que presta el municipio. Por ello parece lógico que la administración quiera garantizar que contará con los recursos que demandan programas fundamentales para el buen desarrollo de la ciudad y de su sociedad, adelantando los procesos en el presente año. Por ejemplo, no se puede detener el Programa de Alimentación Escolar, PAE, ni la ampliación de cupos en los colegios públicos o la financiación de programas universitarios para miles de jóvenes, para lo cual se destinarán $56.000 millones a la Secretaría de Educación de la ciudad.

Otros $20.000 millones irán al Departamento de Gestión del Medio Ambiente, Dagma. Si bien esos recursos pueden ser necesarios, preocupa que se le amplíen facultades a una dependencia que a octubre de 2021 apenas ha ejecutado el 36% de su presupuesto y tiene una tradición de ineficiencia. Por eso, además de aclarar el porqué de la laxitud al autorizar esos recursos, se necesita saber con precisión qué se va a hacer con ellos.

Si bien esos anticipos presupuestales son necesarios, existe preocupación por la manera como la administración municipal los ejecutará. Son bien conocidas las dudas surgidas por la inversión de recursos públicos del municipio, así como por los múltiples contratos interadministrativos que se han firmado y sobre los que no se ha hecho la suficiente claridad.

Por ello es necesario reclamar los controles sobre esas vigencias futuras y que las veedurías actúen para vigilar su ejecución. En especial hay que poner los ojos sobre los recursos que irán al Dagma, entidad que realiza la importante labor de cuidar el medio ambiente de Cali, lo que incluye proteger las cuencas, sus ríos y mantenerla como una ciudad verde.

Cali debe tener los recursos para atender sus necesidades, en un año electoral, cuando la ley de garantías pone en riesgo la eficiencia de las administraciones y puede paralizar servicios fundamentales. Pero para tener la tranquilidad que reclaman los caleños, debe haber la debida vigilancia de las entidades de control así como de los concejales que han autorizado su ejecución.

Y, ante todo, que se explique a los caleños qué harán con esas vigencias futuras y cómo garantizarán su transparencia. La historia de los últimos años en la contratación del municipio deja interrogantes sobre la manera como la Administración Municipal dispone los intereses públicos.

Aunque se debe permitir que se atiendan asuntos como la educación o el cuidado de la ciudad a través del Dagma, no puede ser un cheque en blanco. Por ello, los ojos del Estado y de los ciudadanos deben estar sobre los $76.000 millones de las vigencias futuras aprobadas por el Concejo Municipal.