Dos niños fueron las nuevas víctimas del terrorismo con el cual pequeños grupos de violencia vinculados con el narcotráfico y afincados en Venezuela pretenden doblegar a Colombia. Dos inocentes más que se suman a las cuentas de la insania con la cual actúan quienes se autodenominan defensores del pueblo.

Ivana Salomé Rangel de 5 años y Daniel Estiven Duque, de 12, perecieron después del estallido de una bomba instalada por los criminales en el Centro de Atención Integral de la Policía, ubicado en el sector de Ciudad Bolívar de la Capital de la República. En el cobarde hecho quedaron 35 personas más lesionadas, entre las cuales se encuentran menores de edad, adultos y unos pocos servidores públicos, lo que confirma que el atentado estaba dirigido contra cualquier ser humano que se acercara a un sitio público.

Ahora, los autores del hecho, una fracción de las disidencias de las Farc que está protegida en el Estado Zulia de Venezuela, informa que la barbarie fue cometida para conmemorar la muerte del fundador del grupo guerrillero que azotó al país durante 50 años, hasta que sus sucesores firmaron un acuerdo para terminar su conflicto. Dicen también que los autores materiales fueron criminales asociados a ellos, y se sabe que su interés es producir atentados idénticos en Medellín y Cúcuta, de nuevo en las mismas condiciones.

Es todo un desafío a la sociedad colombiana, en nombre, según sus perpetradores, de la defensa de los sectores con menores ingresos. Es decir, atacaron una de las zonas en las cuales se concentra la población de menores ingresos para convertirla en la víctima de su demencia terrorista y después reclamar un triunfo. Escogieron los más indefensos y los atacaron de la manera más criminal posible, destruyendo su futuro y causando daños irreparables a sus familias, así como a la comunidad que fue sorprendida por la explosión.

El otro aspecto tenebroso de este asesinato terrorista es la manera en la cual sus autores son protegidos por el gobierno de Nicolás Maduro, en territorio venezolano y con la complicidad de sus Fuerzas Armadas. Según lo ha revelado la Policía de nuestro país, allá están desde hace varios años, son reconocidos por sus fechorías y gozan de la impunidad necesaria para seguir explotando el narcotráfico mientras siembran la muerte en nuestro país. Además, y según el reciente informe de Humans Rights Watch, disfrutan de los favores y la complicidad evidente de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

Por supuesto, hay que unir a los colombianos para rechazar la muerte de Salomé y Daniel, así como las consecuencias que padecieron decenas de personas, por el solo hecho de estar cerca al lugar donde se activó el explosivo, reclamando el castigo a los autores de tal cobardía. Pero también es momento para denunciar ante la comunidad internacional la manera en que el régimen de Maduro cubre a los autores de atentados terroristas en Colombia sin recibir siquiera un reclamo de los organismos mundiales encargados de proteger los Derechos y la integridad de los seres humanos expuestos a ellos.