La violencia es el lastre que carga Buenaventura desde hace décadas y la muestra fehaciente de la incapacidad del Estado para solucionar los problemas de la principal ciudad sobre el Pacífico colombiano. De nuevo, como ocurre cada vez que la situación se vuelve crítica, las voces de la comunidad se elevan exigiendo una intervención, mientras la respuesta del Gobierno Nacional es convocar a un consejo urgente de seguridad y aumentar el pie de fuerza por un tiempo.

El video difundido el fin de semana, en el que se ve a un grupo de hombre con pasamontañas y sofisticadas armas declarándole la guerra a otras organizaciones criminales mientras anuncian que no permitirán el ingreso de nadie a barrios que estarían bajo su control, causó aún más preocupación entre la población, así como el rechazo de las autoridades locales y departamentales. No es un hecho aislado; es la continuidad de la violencia en el distrito portuario, después de un corto periodo de aparente tranquilidad debido a la tregua concertada entre algunos representantes de la delincuencia organizada.

Lo que pasa desde hace ya varias semanas en buenaventura es grave. Regresaron los crímenes, hay territorios vedados, las fronteras invisibles se impusieron otra vez, las comunidades están siendo amenazadas y barrios completos se han desocupados ya sea porque a sus habitantes los han obligado a irse o porque el miedo puede más en ellos que el arraigo. Por ello el grito de auxilio de los bonaverenses y la demanda que hace la Gobernadora del Valle para que el Gobierno Nacional intervenga de inmediato.

La respuesta desde Bogotá, como suele suceder, es convocar a un Consejo de Seguridad así como anunciar la llegada de más policías y una mayor presencia del Ejército. El elemento nuevo es que, en palabras del Alto Comisionado para la Paz, se está trabajando para “avanzar hacia el inicio del espacio de conversación sociojurídica” con algunos grupos criminales, signifique ello lo que signifique, mientras les dice a los bonaverenses que no están solos y que mantengan la esperanza. Justo lo que perdieron hace tiempo por los incumplimientos, el abandono y la indiferencia del Estado.

La situación es cada vez más crítica en la ciudad donde se encuentra el principal puerto de Colombia, por lo que ya no hay tiempo para las promesas ni para las dilaciones. Como si fuera una noria, la criminalidad en Buenaventura se alimenta de la falta de oportunidades y de la pobreza, lo que no cambiará mientras el Estado no garantice el progreso ni asegure una mejor calidad de vida a sus comunidades.

Sin duda, la intervención inmediata de la Fuerza Pública es urgente para perseguir a la delincuencia organizada que hoy tienen bajo zozobra a la población, y para devolverle cuanto antes la tranquilidad a la gente. Pero no puede suceder lo de siempre, que una vez las protestas cesan o cuando la marea se calma, Buenaventura queda de nuevo a merced de la violencia.

Como se ha repetido hasta el cansancio, las soluciones para Buenaventura deben ser integrales y permanentes e incluyen la lucha contra el crimen, pero por igual acabar con la corrupción, generar empleo, brindar educación y salud de calidad y llevar las oportunidades de desarrollo social y económico que merecen sus ciudadanos.