“Falta grave a título de culpa gravísima”, con esa calificación la Procuraduría General de la Nación le abrió pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al alcalde Jorge Iván Ospina por presuntas irregularidades en la organización de la Feria Virtual de 2020. Es una más de las investigaciones que adelantan los entes de control en contra del mandatario de Cali, quien está cerca de concluir una segunda administración tanto o más cuestionada que la anterior.

Para el Ministerio Público, el contrato firmado entre la Administración Municipal y Corfecali por $11.955 millones en el año 2020 habría incurrido en irregularidades como no contar con estudios previos, que fueran serios y suficientes para justificar ese valor. Hay que recordar que contra toda recomendación, el Alcalde, su entonces Secretario de Cultura y la Corporación se empeñaron en realizar la Feria decembrina en plena pandemia por el Covid-19, de forma virtual y con costos que a la postre resultaron más altos que los invertidos en años anteriores.

En su momento, la opinión pública criticó los pagos onerosos que se hicieron a artistas extranjeros, los sobreprecios pagados por algunos servicios, los contratos firmados para diez días de actividades que al final se recortaron a cinco, así como la compra de aparatos tecnológicos y televisores por valores más altos que los comerciales. Se cuestionó también el manejo que el entonces gerente de Corfecali les dio a los recursos así como por presentar cifras que no eran reales, lo que al final derivó en su renuncia.

Si bien se debe reconocer la disposición de los entes de control del Estado para atender las denuncias ciudadanas, como lo demuestran también las investigaciones que adelanta desde el año 2021 y por los mismos hechos la Contraloría General de la República, los caleños reclaman más eficiencia en los procesos que se le siguen al alcalde Ospina.

La experiencia dice que son contados los casos en que las indagaciones llegan a término, como sucedió con la mayoría de las causas abiertas por presuntas irregularidades durante su primera administración. De los 73 procesos de entonces, 59 fueron prescritos por vencimiento de términos y apenas cuatro siguen su curso en la Fiscalía, pero sin fallos definitivos.

Por esa razón preocupa lo que pase con las investigaciones que se adelantan por las actuaciones en su actual mandato. Hay hallazgos de posibles irregularidades en la contratación pública, en la firma de convenios interadministrativos, por favorecimientos indebidos o por presuntos hechos de corrupción, que implican tanto al mandatario como a funcionarios de su administración o a las directivas de Emcali.

Hoy hay cerca de 350 procesos iniciados por los órganos de control del Estado y 26 que cursan directamente en contra de Ospina, de los cuales 15 están en la Procuraduría y seis en la Fiscalía. Lo que esperan los caleños es que todos ellos sean debidamente aclarados, no terminen archivados o queden sin solución. Por ello exigen resultados definitivos y que no se permitan interferencias de ninguna clase, que impidan conocer la verdad sobre lo sucedido con el patrimonio municipal, mientras se deja sin castigo a los responsables de su detrimento.