Ocho días después de tomar posesión, el Ministro de Justicia y del Derecho propuso aplicar “una especie de reconciliación judicial” para delitos de menor cuantía, como solución a la crisis carcelaria que padece Colombia. Un punto de vista sin duda original, que sin embargo deja la sensación de improvisación en el manejo de uno de los problemas más graves del Estado.

Sorprendió la rapidez con la cual empezó sus funciones el doctor Néstor Osuna, un reconocido jurista del cual pueden esperarse los mejores aportes para la marcha de la Justicia. No obstante, esta propuesta, ejemplarizada además con el robo de celulares y la posibilidad de que delincuente y víctima negocien una posible reparación que suspenda la sentencia que ordena la ley, desconoce que la pena está dirigida a sancionar una conducta que atenta contra la sociedad, además de causar el daño patrimonial que debe ser resarcido por su autor.

Que la crisis carcelaria sea hoy inmanejable en nuestro país no puede solucionarse con propuestas que causan revuelo. Ante todo, lo que se requiere es que el Estado asuma los costos, tome las decisiones necesarias para ofrecer una rápida y cumplida justicia tanto a las víctimas como a los acusados y condenados. Y que el sistema penitenciario sea adecuado a las realidades que vive un país, donde la impunidad le resta confianza y credibilidad a la legislación y a las autoridades encargadas de aplicarla para lograr que los ciudadanos la acaten y la defiendan.

No es pues un asunto de ser originales o de aplicar soluciones apresuradas que pueden ocasionar consecuencias peores para el ordenamiento jurídico, para la seguridad de los colombianos o para el mantenimiento de la Ley como árbitro de la sociedad. Son muchos los delitos y las ofensas a la sociedad que pueden ser pagados con sanciones distintas o alternativas al encarcelamiento que, por demás, no cumple su función como resocializadora de quienes cometen hechos que atentan contra la sociedad. Y son muchas las maneras con las cuales el Estado cumple su función de poner orden y defender los derechos sin tener que condenar a la cárcel a los infractores.

Lo que se requiere es un estudio profundo y serio sobre lo que acontece con la justicia en Colombia, incluyendo su sistema penal y penitenciario; que se logren códigos sustantivos y de procedimiento realizados por jueces y guiados por el interés de defender a la nación del delito, de sancionar a los culpables y ofrecer posibilidades reales de rehabilitación a quien sea condenado. Y que exigen ante todo la decisión de destinar los recursos económicos que sean necesarios para mantener con decoro la Justicia colombiana.

Colombia lleva décadas esperando a que se logre una reforma judicial y una penal y penitenciaria adecuadas a sus realidades y a las necesidades de los ciudadanos, para evitar la impunidad e impedir que crezca la justicia por mano propia, es decir, la venganza. Ese es el verdadero desafío para gobernantes, legisladores y jueces, que nunca podrá resolverse con propuestas seductoras que desvían el debate nacional e impiden abocar los problemas con el rigor que se requiere.