Entendiendo que es una idea aún por desarrollar, de la que se desconocen las minucias o el impacto que tendría, el debate quedó servido con la propuesta del presidente Gustavo Petro de permitir que los campesinos mantengan sus cultivos de hoja de coca mientras ensayan siembras sustitutas y ven si son productivas. De concretarse, sería un paso al frente en el manifiesto propósito del Mandatario de cambiar las políticas nacionales antidrogas.

El anuncio lo realizó Petro durante una asamblea de campesinos cocaleros en El Tarra, Norte de Santander, una de las regiones con mayor cantidad de cultivos ilícitos y de las que más padece por la violencia relacionada con el narcotráfico. La esencia del planteamiento es dar un periodo de gracia para la transición hacia plantaciones legales y mientras se determina si esas nuevas producciones agrícolas son igual de rentables a las de la coca. La idea lleva implícita la suspensión de la erradicación manual o de cualquier otro método, como la fumigación con glifosato, para acabar con las siembras ilegales.

Con el incremento de los cultivos de coca, que superan hoy las 200.000 hectáreas en el país, regresar al propósito inicial del Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos que nació como parte del acuerdo firmado con las Farc, pareciera una buena alternativa. La propuesta, sin embargo, genera inquietudes que deben ser resueltas por el Gobierno Nacional, entre ellas cómo se garantizará que esta vez la propuesta funcione si se tiene en cuenta que de las 99.000 familias inscritas desde el 2016 apenas un 2% logró emprender con éxito procesos productivos alternativos a la hoja de coca.

Surge también la duda sobre quién comprará la hoja de coca en el periodo de transición o cómo se contendrá el negocio del narcotráfico, que es el que promueve la siembra de cultivos ilícitos, amedrenta a los campesinos, impide la sustitución e impone la violencia en regiones como el Catatumbo, Nariño, Putumayo o el Cauca. Si bien el presidente Petro dejó en claro que a la par con el programa de transición se reforzarían las acciones de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales que manejan el negocio de las drogas, la destrucción de laboratorios y la extinción de dominio sobre los capitales habidos de manera ilícita, no hay garantías reales de que esta vez sí funcione.

Y quedan en el aire los puntos más importantes en cualquiera propósito de acabar con los cultivos ilegales y brindar alternativas de ingresos y de vida diferente a los campesinos que se dedican a ello. Cómo se superará la ausencia del Estado, su incapacidad para atender las necesidades básicas de los colombianos que viven en las zonas más apartadas, cómo se les brindarán las oportunidades que demandan para progresar y de qué forma se garantizarán la seguridad, protección y tranquilidad en regiones donde la ley es impuesta por las organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otras actividades criminales.

La propuesta planteada por el presidente Gustavo Petro debe ser bien informada y las inquietudes que ha generado tienen que responderse. Los colombianos apoyan los buenos propósitos que permitan terminar con las siembras ilícitas y acabar desde la raíz con el negocio del tráfico de drogas que tanto daño y por tanto tiempo le ha causado a nuestro país, siempre y cuando estén enmarcados en la ley y al final no abran aún más las compuertas al narcotráfico y a la violencia que provoca.