Las muertes por cirugías plásticas en Cali, casi 80 desde 2013, no son accidentes inevitables ni simples complicaciones médicas. En muchos casos se trata del resultado de una cadena de omisiones: clínicas que aparentan legalidad sin cumplirla del todo, personal sin la formación adecuada para hacer estos procedimientos, controles estatales insuficientes y pacientes que, por desinformación o urgencia, deciden no verificar lo esencial: la documentación que compruebe que el sitio donde se va a operar está habilitado. En esa suma de fallas se pierde lo más grave: vidas que pudieron salvarse.
Hoy, cualquier persona que piense en someterse a una intervención quirúrgica debería asumir una premisa básica: no basta con confiar. Es indispensable verificar que la clínica esté habilitada no solo como IPS, sino para realizar cirugías plásticas; revisar que el servicio específico esté autorizado; exigir la documentación del cirujano y comprobar que su especialidad figure en el ReTHUS. Son pasos simples, al alcance de cualquier ciudadano, que marcan la diferencia entre un procedimiento médico y una apuesta a ciegas.
Pero la responsabilidad no puede recaer solo en los pacientes. Las cifras muestran que los cierres temporales y las sanciones administrativas no siempre logran disuadir prácticas irregulares. Clínicas sancionadas reabren, cambian de nombre o migran a la publicidad digital, donde el control es casi inexistente.
Regular la publicidad en redes sociales ya no es opcional. De hecho, anuncios anónimos, sin dirección clara ni responsable médico, no pueden seguir ofreciendo cirugías invasivas como si se tratara de un servicio cosmético cualquiera. Es imprescindible que las dependencias oficiales implicadas en esta problemática tanto en Cali como en el resto del Valle del Cauca y Colombia tomen acciones contundentes para evitar que se sigan perdiendo más vidas por el incumplimiento de las normas existentes o porque no hay reglas definidas para quienes se aprovechan de la ingenuidad de las personas.
Por eso aquí también hay un rol clave para la ciudadanía. Las autoridades sanitarias vigilan a quienes están registrados; las clínicas clandestinas operan por fuera del sistema. Sin denuncias, sin alertas tempranas desde los barrios o la exposición de anuncios dudosos que circulan en las redes sociales muchas de estas prácticas permanecen invisibles. Reportar una situación sospechosa no es delatar: es prevenir.
Ahora bien, en el fondo hay un debate más incómodo que no puede seguir evadiéndose: vivimos en una sociedad que asocia la apariencia física con el éxito, la aceptación y el valor personal. En ese contexto, la cirugía se vende como una solución rápida al miedo de no ser ‘suficiente’. Esa presión —que la Corte Constitucional ya ha llamado violencia estética— empuja a muchas mujeres, e incluso hombres, a asumir riesgos extremos, incluso cuando las señales de alerta están a la vista.
Mientras la belleza siga siendo presentada como un requisito para pertenecer, y no como una elección informada, esta ruleta seguirá girando. Verificar documentos, exigir controles y denunciar irregularidades no resolverá por completo el problema, pero sí puede evitar que la próxima historia empiece, otra vez, con alguien que vino a Cali buscando un cambio y terminó perdiendo la vida.