Pedir la extradición a Colombia de Carlos Ramón González, quien hasta hace algunos meses hizo parte del Gobierno de Gustavo Petro y hoy es un prófugo de la justicia, es lo mínimo que debe hacer la Casa de Nariño.

En primer lugar, porque, según ha trascendido, para los investigadores de la Fiscalía General y la Corte Suprema al parecer resulta evidente su involucramiento en el escándalo de corrupción detectado en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Ungrd.

Pero también porque González fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, entre 2023 y 2024, y de la Dirección Nacional de Inteligencia hasta mediados del año pasado, lo que demuestra su cercanía con el Ejecutivo colombiano.

Y se constituye en un agravante muy importante del hecho de que, como se ha denunciado, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Embajada de Bogotá en Managua hayan intercedido para que a González le fuera concedida de manera rápida la prolongación de su residencia en Nicaragua.

Está claro que él no es el primer integrante del actual Gobierno que ha resultado vinculado con el entramado de corrupción que ya fue admitido por quienes para la época de ocurrencia de los hechos ilícitos eran los dos principales directivos de la Ungrd -Olmedo López y Sneyder Pinilla-, quienes también habían sido nombrados por el presidente Petro.

Como González, los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y Diego Guevara; del Interior, Juan Fernando Velasco, y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Liliana Ortiz; el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique; Gerardo Vega, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y hasta Guillermo Alfonso Jaramillo, quien sigue al frente de la cartera de Salud, aparecen en los folios de los investigadores.

Es por eso que para el país no resulta suficiente que la Casa de Nariño asegure que no tenía conocimiento de que Carlos Ramón González estaba en Nicaragua ni que insista en que no lo ayudó en su propósito de quedarse a vivir en ese país centroamericano, pese a que la justicia colombiana lo está requiriendo.

En realidad, las explicaciones que el Gobierno Nacional le debe a sus ciudadanos sobre el desfalco del que fue objeto la Ungrd, y en el que -no se debe olvidar- también están implicados los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, deberían ir mucho más allá.

Como tampoco es suficiente que la Casa de Nariño se limite a esperar las anunciadas investigaciones de la Procuraduría General a los funcionarios que le habrían ayudado a González a refugiarse en Nicaragua mientras en Colombia se hablaba de que supuestamente ya estaba siendo buscado por la Interpol.

Basta recordar al entonces candidato Gustavo Petro prometiendo que iba a luchar contra la corrupción, para exigir que el vergonzoso capítulo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo quede totalmente esclarecido, sin importar sobre cuántos funcionarios más tenga que caer todo el peso de la ley.