A pesar de las múltiples denuncias en los últimos años y de las investigaciones y advertencias de los organismos de control y de la Justicia, la contratación del gobierno de Cali y de sus Empresas Municipales siguen siendo motivo de preocupación. Y de inquietudes por la falta de vigilancia ante las dudas que despiertan y las consecuencias que se asoman para la ciudad.

En días pasados, la Contraloría General de la Republica entregó un informe de auditoría especial sobre los contratos de Emcali durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 informando de 67 hallazgos administrativos de los cuales 64 tienen presunta incidencia disciplinaria y uno más de carácter penal, advirtiendo un posible detrimento por $15.000 millones a sus finanzas debido a deficiencias en la contratación.

Y no sobra recordar lo que aconteció con los contratos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y los líos que se han presentado con una firma española que pueden ocasionar un descalabro si la Justicia condena a la entidad. O el polémico contrato del alumbrado navideño de diciembre de 2020, en el cual se gastaron $11.000 millones y está en revisión de la Procuraduría, la Fiscalía y la misma Contraloría. Son actos administrativos que si bien están cubiertos por la presunción de legalidad, es causa de suspicacias y rechazos por la forma en que se actuó.

De igual manera, desde un sector que representa la minoría de concejales de Cali se ha revelado su inconformidad sobre el proceso que se llevó a cabo en la Secretaría de Infraestructura para adjudicar un contrato por $86.000 millones dirigido a reparar la malla vial del municipio. Si bien es una iniciativa de gran importancia para todos los caleños, no sobra recordar que es la otra forma de llevar a cabo la iniciativa que pretendían efectuar a través de Emcali, lo cual evitaría las exigencias de la ley de contratación.

Ahora, el jugoso contrato se adjudicó mediante un procedimiento que, aunque cumplía las formalidades del caso, ha sido cuestionado por la forma en que se excluyeron a tres de los cuatro proponentes. Y por entregarlo a un consorcio en el cual el propietario del 45% ha solicitado su reestructuración y tiene obligaciones por $90.000 millones, algunas con vencimientos importantes. Cabe preguntar qué papel cumplieron la Personería y la Contraloría municipales cuando se produjo esa adjudicación y sobre la actuación de quienes lo adjudicaron.

Igual de preocupante es que se negara la vigilancia especial de la Contraloría General de la Nación presentada por la concejal Diana Rojas, recibiendo el respaldo de tres de sus colegas, el rechazo de nueve y el silencio de ocho. ¿Dónde queda entonces el control político a la Administración Municipal que asegura la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la verdadera justificación de los concejos municipales?

La contratación en el municipio y sus Empresas Municipales es un dolor de cabeza para Cali. Que se resuelve si hay la voluntad política para evitar que triunfen los intentos por imponer el silencio y la oscuridad que llevan a la impunidad de la corrupción.