Hace dos años, la protesta social que salió a las calles para manifestar la inconformidad de los colombianos con la situación que afrontaba el país, sumió a Cali en un caos que se extendió por 60 días. La ciudad se convirtió en campo de batalla, sus habitantes fueron tomados como rehenes, mientras el vandalismo y la violencia se tomaron a la capital del Valle, que aún hoy no termina de recuperarse aunque hace esfuerzos importantes para lograr la reconciliación.
Aquello que comenzó como una manifestación en derecho de los colombianos para reclamar por el descontento sobre decisiones u omisiones del Estado, tuvo efectos graves para la población local. Desde el 28 de abril de 2021 y por casi dos meses, quienes promovieron las protestas se dedicaron a atacar la infraestructura pública, destruyeron el Sistema Masivo de Transporte, arrasaron la red local de semáforos, afectaron el comercio y encerraron la ciudad, impidiendo la libre movilización y generando el desabastecimiento.
A los enfrentamientos con la Fuerza Pública se sumaron encuentros violentos entre sectores de la sociedad, en muchos casos incitados y financiados por organizaciones criminales que se aprovecharon de la crisis, tal como se confirmó tiempo después. Al menos 25 personas murieron durante el paro, cientos más resultaron heridos, mientras la fractura social creció a diario signada por la errática actitud del Gobierno Local en cabeza de su Alcalde y la incapacidad de las autoridades municipales y nacionales para detener la situación.
En medio de ese caos y de las consecuencias que provocó, quedaron en claro las profundas fisuras de la sociedad caleña, al igual que las brechas que impiden el progreso de parte importante de su población, en especial de los jóvenes que no encuentran las oportunidades que reclaman. Dos años después la recuperación de Cali avanza, aunque las consecuencias de esos 60 días de anarquía aún se sienten en su economía y en la convivencia ciudadana. En estos dos años la Fiscalía y los organismos de investigación han avanzado en la identificación y sanciones de quienes propiciaron los desórdenes, lo que es necesario dentro del proceso de reconciliación y perdón entre los caleños y el Estado en general.
Para sanar las heridas, así como para atender los reclamos válidos de esa parte de la sociedad que protestó de manera pacífica y con argumentos, en la región se originó un movimiento de solidaridad y entendimiento en el que han participado universidades, el empresariado, las organizaciones sociales y la comunidad con iniciativas exitosas como Compromiso Valle. En estos dos años se ha recorrido un camino importante para pacificar los ánimos, impulsar la convivencia y aportar en las soluciones que necesitan miles de familias que habitan a Cali y la región vallecaucana.
La tragedia que vivió Cali durante lo que algunos denominaron ‘estallido social’, pero que en el trasfondo fue una barbarie orquestada por quienes pretendieron arrasar con la tranquilidad, el entendimiento y la coexistencia de la ciudad, deja lecciones positivas que deben reconocerse. Las más importantes, el esfuerzo y compromiso de los caleños para reconstruir con paciencia los lazos de su sociedad y trabajar por su reconciliación.