Los planes terroristas para atentar contra el Fiscal General de la Nación conocidos en las últimas horas, deben ser investigados con la celeridad y profundidad que amerita una situación en extremo grave para Colombia. En riesgo está la vida del alto funcionario y la integridad de su familia, así como la estabilidad del ente acusador, de la misma Nación, además de la del Estado de Derecho que se debe preservar por sobre cualquier circunstancia en el país.

Según la información entregada a la Fiscalía por tres fuentes diferentes, una de ellas de inteligencia militar, en el mes de julio cinco altos mandos de la guerrilla del Eln se reunieron en Venezuela para planear un ataque contra el titular de la entidad, Francisco Barbosa. Las investigaciones, conocidas de primera mano y divulgadas por la revista SEMANA, dan cuenta de que la organización alzada en armas estaría entrenando a varias personas en el manejo de drones y a francotiradores para realizar el atentado.

La información divulgada sobre el que sería un serio ataque a la institucionalidad nacional, representada en el señor Fiscal General, merece toda la atención del Estado. Si bien el Comando Central del grupo guerrillero negó que alguno de sus frentes esté participando en esa conspiración, las labores de inteligencia confirman lo contrario.

De ser así, la respuesta del Gobierno Nacional debe ser contundente e inmediata, con los efectos que ello tenga sobre el proceso de diálogo que se adelanta con el Eln y sobre el cese al fuego bilateral que comenzó a regir desde el pasado 3 de agosto. Nada justificaría que, de confirmarse el conocimiento de los jefes guerrilleros sobre los hechos denunciados, se mantuvieran tales negociaciones o el acuerdo de tregua, que vale la pena decir deja en sus inicios varias dudas sobre el compromiso real de la guerrilla, su cumplimiento o sus alcances.

Frente a la gravedad de lo que se conoce, el gobierno del presidente Gustavo Petro debe brindarle sin reservas su respaldo al Fiscal General de la Nación. Las diferencias que puedan existir entre el Ejecutivo y quien representa al ente acusador de la Rama Judicial se deben aparcar de inmediato, entendiendo que la prioridad es proteger la vida y la integridad de Francisco Barbosa, así como de su familia y de cualquier otro funcionario de la Fiscalía que se encuentre amenazado por grupos criminales y terroristas.

Son la institucionalidad y el Estado de Derecho que identifican a un Estado democrático, los que se ponen en riesgo frente a un posible ataque terrorista contra el señor Fiscal. Los colombianos anhelan la paz, vivir tranquilos en todos los rincones del territorio patrio, libres de violencia y del temor que esta genera. Pero no están dispuestos a que ese deseo se les conceda a cualquier precio.

Al Eln hay que exigirle que determine si alguno de sus frentes está tras la planeación del atentado y dé las órdenes de cesar cualquier pretensión de acabar con la vida de Francisco Barbosa. Esas son las demostraciones de paz que reclama la Nación y con las que el Gobierno Nacional debe estar en sintonía.