Hace unos días los constructores, agremiados en Camacol, aseguraron que el sector tiene listos para poner en marcha 1400 proyectos de vivienda en todo Colombia. Eso significaría una inversión de $98 billones para realizar 257.000 viviendas y la posibilidad de generar cientos de empleos directos e indirectos.
Estas no son cifras menores, sobre todo en una economía cuyo crecimiento apenas supera el 2 % y ningún gobierno debería dejar quieta semejante capacidad de inversión que serviría para impulsar la producción, el consumo y el empleo formal.
La construcción tiene un efecto multiplicador sobre 36 subsectores: desde el cemento, el acero y los materiales hasta el transporte, el comercio, los servicios profesionales y las actividades inmobiliarias. Cuando una obra comienza, el movimiento económico no se queda en el lote donde se levanta el edificio; se extiende por toda una cadena productiva.
De ahí la importancia de que se puedan poner en marcha gran parte de esos proyectos que anuncian los constructores, pero para que eso suceda se requiere la voluntad y confluencia de las decisiones entre el Gobierno Nacional y los territorios.
La propuesta de los constructores es clara: se necesita mejorar las condiciones de financiación para que las familias puedan acceder a la compra de una vivienda, también habilitar nuevos suelos, promover la renovación urbana, además de simplificar trámites de la actividad edificadora.
Estas decisiones pasan por los territorios y es momento de acompañar los Plan de Ordenamiento Territorial que se discuten para que muchas de estas propuestas tengan viabilidad. Otras determinaciones son del radar del Gobierno Nacional que tiene en sus manos la posibilidad de crear estímulos a la compra de vivienda vía subsidios u otros mecanismos. Es claro que el Estado enfrenta una crisis fiscal y no cuenta con demasiados recursos para inversión, pero los pocos con que cuenten deben enfocarse en sectores que impulsen la reactivación y el empleo.
Por eso, estas propuestas merecen una discusión seria entre el Gobierno, los mandatarios territoriales, las entidades financieras y el sector constructor. La urgencia en las decisiones es todavía mayor por los daños ocasionados por el sismo del pasado 10 de agosto.
La reconstrucción de viviendas en las regiones afectadas exige recursos, capacidad técnica y velocidad de ejecución, pero esa tarea no debe convertirse en una actividad aislada de la reactivación económica. Como lo ha señalado el gremio, reconstruir y reactivar son propósitos complementarios. La emergencia también obliga a pensar en soluciones habitacionales más seguras, en mejores condiciones urbanas y en una coordinación efectiva entre el sector público y los constructores.
El reto consiste en pasar de los diagnósticos a las decisiones. Si existen proyectos estructurados, empresas dispuestas a ejecutarlos y familias que necesitan vivienda, corresponde a las autoridades identificar qué está frenando su desarrollo y actuar sobre esas dificultades. También se requiere proteger la continuidad de los programas de vivienda y facilitar mecanismos de financiación que permitan a más hogares comprar, sin comprometer la responsabilidad fiscal.
La construcción puede convertirse en uno de los grandes jalonadores de la economía regional y nacional. Para lograrlo, se necesita voluntad política, seguridad jurídica y una alianza que produzca resultados medibles.
En momentos de crecimiento modesto y necesidades sociales apremiantes, impulsar la vivienda no es solamente una apuesta inmobiliaria, es una decisión económica y social que puede generar empleo, dinamizar las ciudades y mejorar la calidad de vida.