El Gobierno Nacional dio a conocer la reforma tributaria que presentará al Congreso el próximo 20 de julio. Será la oportunidad y además la obligación de tomar decisiones para solucionar los estragos que ha dejado la pandemia en las finanzas públicas y de atender los reclamos surgidos del agudizamiento de los problemas sociales.
El proyecto, con el que la Nación espera recaudar 15,4 billones de pesos, no afectará a las personas naturales ni aumentará el IVA, y atiende sugerencias para empezar a enderezar las cargas con el objeto de evitar una crisis fiscal con el compromiso del sector empresarial. Para ello se suspenderá el descuento del 100% del impuesto de ICA, se fija una tasa de contribución del 35% a las empresas y una sobretasa del 3% a la renta del sector financiero hasta el 2025.
El Estado aportará con austeridad en el gasto público. La meta es ahorrar 1,9 billones de pesos limitando la burocracia, reduciendo hasta en un 50% recursos destinados por ejemplo a viáticos, publicidad, vehículos y combustible, bajando los gastos en bienes y servicios o promoviendo el teletrabajo. Y reforzará la lucha contra la evasión de impuestos para generar otros 2,7 billones de pesos más al año.
En otros términos, el esfuerzo de los contribuyentes, todas las empresas, significará el 61% de los ingresos planteados en la reforma, correspondiéndole al sector oficial un aporte del 31%, incluido la reducción del gasto público. Con ello se aspira a recuperar los 500.000 empleos que se perdieron en la pandemia, beneficiar a 180.000 jóvenes, reduciendo su desempleo del 24% al 15,8%, ofreciéndoles también la ampliación a 650.000 cupos en las universidades mediante la matrícula cero.
Además, el objetivo también es apoyar a 25 millones de colombianos a través de los programas de asistencia y subsidio, además de mantener los apoyos al empleo formal y a la estabilidad de miles de empresas de todos los tamaños que aún necesitan apalancamientos para superar la difícil coyuntura. Eso es parte importante de la recuperación, en la medida en que aumenta los ingresos y de paso mejora las finanzas públicas.
Por lo que se ha conocido hasta ahora, esta vez será más fácil construir un consenso en el Congreso de la República y lograr su aprobación de manera rápida. Con ello se le devuelve la confianza al país y comienza a conjurarse el riesgo de que el Estado no pueda responder por la deuda pública que llegó al 61% del PIB para poder enfrentar la peor crisis de la historia.
De la urgencia de aprobar esa reforma tributaria no hay dudas. La Nación está en una emergencia debido a la pandemia del Covid-19, que afectó a toda la economía y las finanzas públicas por el enorme esfuerzo que demandó para hacerle frente a las necesidades de los colombianos debido a la parálisis total o parcial en el último año y medio.
Por ello es el momento de tomar decisiones alejadas de intereses partidistas, de lograr su apoyo para el bien de todo el país, para tranquilidad de la economía nacional y para que el Estado siga prestando la atención que necesitan los sectores menos favorecidos de la sociedad.