El 2021 fue uno de los más difíciles para Cali como ciudad y como sociedad. De la capacidad para superar sus dificultades, lograr la reconciliación y recuperar la confianza depende el futuro de una urbe en constante crecimiento.

Como todas las ciudades del mundo, la capital vallecaucana fue golpeada con dureza por la pandemia del Covid-19, las dificultades para afrontarla y las medidas restrictivas que debieron adoptarse contra ella. Debe reconocerse que sus autoridades de salud unidas a la dirección y el respaldo del Gobierno Nacional permitieron superar en gran parte una amenaza que aún sigue latente y puede resurgir, dependiendo de que se logre la vacunación a todos sus habitantes, del comportamiento de los caleños frente a las aglomeraciones y del cumplimiento de las medidas de higiene que evitan la transmisión del coronavirus.

Pero también fue víctima de un mal que no fue tan inesperado. Aprovechando la protesta social legítima que se presentó el 28 de abril, contra la ciudad y el departamento del Valle fue aplicado lo que las autoridades y la Justicia han venido develando: un plan metódico que durante semanas destruyó de manera sistemática bienes y servicios públicos como el MÍO y su infraestructura, produjo bloqueos y escasez de combustibles, alimentos, suministros, y bloqueó industrias, vías y comunidades, bajo la amenaza de los llamados actores armados que abundan en el suroccidente colombiano.

Fue el peor ataque en toda Colombia, al que trataron de encasillar en un supuesto estallido social, algo mucho más grave que se expandió por la geografía vallecaucana durante más de un mes, produciendo racionamientos jamás imaginados en una nación democrática. Y aún hoy, la recuperación es lenta y la respuesta de las autoridades locales errática frente a desafíos como la reconstrucción del sistema de transporte masivo, la recuperación de la infraestructura y de la confianza ciudadana.

El otro aspecto difícil para la comunidad caleña es la pérdida de credibilidad que experimenta el gobierno municipal, debido en gran parte a los constantes y frecuentes actos que producen cuestionamientos y a iniciativas que, como la creación de empresas innecesarias y redundantes o el uso de mecanismos que evitan la aplicación de las leyes de contratación, aumentan en los caleños la desconfianza sobre el Estado. Frente a ello, debe reconocerse el aporte de sectores privados y de dirigentes sociales para orientar recursos que ayuden a superar el difícil momento y a reconstruir la confianza que se requiere para tener una sociedad capaz de convivir y edificar el futuro que necesitan sus más de dos millones y medio de habitantes.

En los últimos seis meses Cali ha demostrado su capacidad de recuperación para dejar atrás la borrasca que vivió durante seis semanas de incertidumbre. Una capacidad enorme para salir adelante que como nunca requiere el liderazgo firme y transparente con el cual se trace una ruta que convoque a todos sus ciudadanos sin distingo. La ciudad lo requiere y los caleños están dispuestos a hacer lo necesario para superar los malos momentos.