La lucha contra los delitos ambientales y la protección de los recursos naturales en Colombia se debe realizar por igual en territorio continental como en las áreas marítimas del país. Por ello la importancia que tiene extender la Operación Artemisa, que se adelanta desde hace tres años, a los océanos Pacífico y Atlántico.

Artemisa es una estrategia militar en la que participan 23.000 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía desde el año 2019. Sus objetivos son perseguir a quienes deforestan los bosques nacionales, identificar y capturar a los delincuentes ambientales, acabar con el tráfico de fauna y flora silvestres, así como cuidar las zonas de reserva y los parques naturales del país.

En los tres años de operaciones se han conseguido resultados importantes, principalmente en la región Amazónica. Cerca de 20.000 hectáreas de bosques han sido rescatadas de manos de los depredadores humanos, 96 personas fueron capturadas cometiendo delitos ambientales, se han encontrado y destruido 32 construcciones ilegales dentro de los parques nacionales. El impacto que han tenido las acciones de la Fuerza Pública en las económicas de las organizaciones criminales que afectan el medio ambiente, se calcula en $2960 millones.

Es apenas el comienzo en el objetivo de neutralizar, judicializar y condenar a quienes atentan contra los recursos naturales nacionales y lograr la protección que requiere el que hoy es el mayor patrimonio del país. Colombia es de los pocos países del mundo que muestra un compromiso real para salvaguardar esa riqueza ecológica que es estratégica para el futuro de la nación y del resto del planeta.

Por eso es importante que se extienda la Operación Artemisa a los mares nacionales. Las acciones comenzarán en el Pacífico, donde está una de las reservas naturales marítimas más extensas del mundo, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo que hace parte del Valle del Cauca y es patrimonio de la Humanidad. Si bien ya se realizan patrullajes permanentes, por su extensión ha sido imposible ejercer la soberanía como se requiere y adelantar los controles sobre las actividades ilegales que afectan su fauna y flora.

La pesca ilícita y la destrucción de ecosistemas como los bosques de manglares son dos de los delitos que generan mayor impacto. En los últimos cinco años se han incautado 123 toneladas de pesca, capturado a 244 personas e inmovilizado una veintena de embarcaciones dedicadas a esas faenas, cifras que son ínfimas frente a la magnitud de lo que sucede en los mares colombianos y en particular en el Pacífico a donde llegan barcos pesqueros de todo el mundo a apropiarse y devastar sus recursos.

Con la Operación Artemisa se espera que se cumpla el compromiso de patrullar desde mar y aire, 24 horas al día, los 988.000 kilómetros cuadrados de área marítima que le pertenecen a Colombia en el Pacífico y el Caribe, y así la situación cambie. No es suficiente con declarar el 30% de nuestros mares como zonas de reserva natural, como lo ha prometido el actual gobierno para cumplir los acuerdos internacionales sobre el cambio climático, si no se impide que se sigan realizando actividades ilícitas y cometiendo delitos que atentan contra sus recursos naturales.