La advertencia de Jair Gómez, un caleño que sobrevivió a la guerra en Ucrania, no puede ser leída como una anécdota lejana ni como un simple testimonio individual. Es, en realidad, una alarma encendida sobre una problemática que crece silenciosamente en la ciudad: el reclutamiento de jóvenes, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad, para participar en conflictos armados internacionales. Lo que hoy parece un fenómeno aislado puede convertirse en una crisis social si no se actúa con decisión.
Las denuncias de la Personería de Cali sobre ofrecimientos de hasta 10.000 dólares mensuales a través de redes sociales confirman que detrás de estas prácticas hay estructuras que saben exactamente dónde y cómo captar. No es casual que el foco esté en el oriente de la ciudad, donde el desempleo, la falta de oportunidades y la ausencia histórica del Estado crean el caldo de cultivo perfecto para este tipo de engaños.
Pero el problema no es solo económico. Es también cultural y simbólico. A través de plataformas digitales, se está construyendo una narrativa peligrosa que romantiza la guerra, que vende la idea del ‘héroe’ y del dinero fácil, ocultando la crudeza del combate, la posibilidad de la muerte, la desaparición o incluso la cárcel en países extranjeros.
Por eso resulta insuficiente que la respuesta institucional se limite a alertas o comunicados. Cali no puede enfrentar esta amenaza con tibieza. Se requieren estrategias integrales, sostenidas y medibles que ataquen las causas estructurales del problema. La prevención no puede ser solo en el papel y en las redes sociales, debe traducirse en presencia real del Estado en los territorios más afectados.
Es urgente, en ese sentido, que las secretarías de Seguridad, Educación, Bienestar Social, Cultura y Deporte trabajen de manera articulada, como un sistema coordinado que identifique riesgos, intervenga a tiempo y ofrezca alternativas concretas. La educación debe jugar un papel clave, no solo en la formación académica, sino en la construcción de proyectos de vida que alejen a los jóvenes de estas falsas promesas que día a día llegan por redes sociales.
Asimismo, se necesita una ofensiva comunicativa que contrarreste los mensajes que circulan en redes sociales. Si los reclutadores están utilizando plataformas digitales para captar, el Estado y la Alcaldía deben estar allí mismo, con campañas claras, testimonios reales y advertencias contundentes sobre los riesgos. No se trata de infundir miedo, sino de informar con responsabilidad.
El sector privado y la sociedad civil también tienen un rol ineludible. Generar empleo, abrir espacios de formación y apoyar iniciativas comunitarias puede marcar la diferencia en territorios donde la ausencia de oportunidades empuja a los jóvenes a tomar decisiones desesperadas.
No se puede perder de vista, además, que detrás de cada joven que parte a la guerra hay una familia que queda en la incertidumbre. Madres, padres y hermanos que muchas veces no vuelven a saber de ellos.
Cali está a tiempo de evitar que esta problemática escale. Pero el tiempo se agota. Cada día que pasa sin acciones concretas es una oportunidad más para que redes de reclutamiento sigan operando. La ciudad necesita menos diagnósticos y más decisiones. Menos anuncios y más resultados. No se trata solo de evitar que los jóvenes se vayan a guerras ajenas, sino de garantizar que encuentren razones suficientes para quedarse.