Respeto a la Constitución

La Constitución de Colombia establece muy claramente que los servidores públicos no pueden usar su cargo para intervenir o influir en campañas políticas en temporadas electorales como la actual. Mandato que, por estos días, parece ignorarse por parte de algunos funcionarios del actual Gobierno Nacional.

La Procuraduría General de la Nación habla de más de 80 investigaciones abiertas relacionadas con este punto. A su vez, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tiene abiertas 10 indagaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

Como bien se ha expresado desde algunos sectores, “el Estado no compite en elecciones: las garantiza”. Esa frase resume uno de los principios esenciales de cualquier democracia moderna. El Gobierno tiene el deber de asegurar reglas de juego transparentes, equilibradas y respetuosas para todos los candidatos, no de inclinar la balanza desde el poder institucional.

La Constitución colombiana, la Ley de Garantías y las normas disciplinarias son claras al establecer límites a la intervención política de los servidores públicos. No se trata de una restricción caprichosa ni de un formalismo jurídico. La prohibición existe porque el Presidente de la República no es un actor cualquiera dentro de la competencia electoral. Su voz tiene un peso institucional enorme, maneja recursos públicos, concentra poder administrativo y posee una capacidad de influencia incomparable frente a cualquier candidato.

Por eso, cuando el jefe de Estado utiliza escenarios oficiales, redes sociales o discursos institucionales para enviar mensajes que pueden interpretarse como respaldos, ataques o presiones dentro de la contienda electoral, la equidad democrática se resiente. El problema no es únicamente jurídico; es profundamente ético y político.

No puede normalizarse que desde el Ejecutivo se lancen mensajes ambiguos o directos a favor o en contra de candidaturas, mientras millones de ciudadanos se preparan para votar. Mucho menos puede minimizarse el uso de escenarios oficiales o recursos del Estado en actividades que terminan mezclándose con intereses electorales.

A pocos días de las elecciones, el país asiste a un ambiente de creciente polarización alrededor de publicaciones, declaraciones y actos protagonizados por el presidente Petro, que, en este momento, debería estar dando las garantías para que los diferentes candidatos tengan las condiciones para competir de manera equitativa por los votos de los colombianos.

La máxima autoridad del país y los ministros tienen la obligación de dar ejemplo en el respeto de las reglas democráticas, incluso y, sobre todo, cuando considera que tiene razones políticas o ideológicas para intervenir en el debate público. El liderazgo institucional también se demuestra en la capacidad de contenerse y respetar los límites que impone el cargo.

Resulta aún más delicado que estas controversias ocurran en medio de una campaña altamente tensionada y con un país profundamente dividido.

El llamado también es para los organismos de control y las autoridades electorales. El Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Comisión de Acusación no pueden limitarse a emitir comunicados o abrir investigaciones simbólicas cuyos resultados lleguen meses o años después, cuando el efecto político ya sea irreversible. La democracia necesita controles oportunos, no simplemente expedientes acumulados.

Estos deben actuar, y de confirmarse esta participación en política, deben tomar las medidas necesarias. De la transparencia de todos estos procesos también depende que los resultados de las elecciones de este 31 de mayo, y de una posible segunda vuelta, sean absolutamente claros, limpios y no dejen duda entre los colombianos, para que esto sea un elemento menos de polarización en el país.