La salud no puede esperar

Durante décadas, el Valle del Cauca consolidó una de las redes hospitalarias más importantes del país. Sus hospitales y clínicas no solo atienden a los vallecaucanos, sino también a miles de pacientes provenientes del Pacífico colombiano y de otras regiones que encuentran aquí servicios de alta complejidad. Hoy, ese sistema que ha sido referente nacional atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, no por falta de capacidad médica, sino por la ausencia de recursos para sostener su funcionamiento.

Las EPS adeudan más de siete billones de pesos a las instituciones de salud del departamento. Como consecuencia, ya se han cerrado más de 2000 servicios, han desaparecido alrededor de 2000 empleos y varias unidades de atención neonatal, obstétrica y pediátrica han tenido que suspender su operación. Lo más preocupante es que esta situación golpea directamente a los pacientes, quienes terminan enfrentándose a un sistema cada vez más limitado para responder a sus necesidades.

El problema adquiere una dimensión aún mayor en el Valle del Cauca porque cerca del 90 % de los ciudadanos están afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. Esa realidad convierte a la Nación en un actor con una responsabilidad ineludible frente al deterioro financiero que hoy padecen hospitales públicos y clínicas privadas. No basta con intervenir administrativamente las entidades; es indispensable garantizar que los recursos lleguen oportunamente a quienes prestan los servicios.

Resulta inadmisible que existan hospitales que deban acudir a préstamos bancarios para pagar la nómina de sus trabajadores mientras esperan recursos que legalmente les corresponden. También lo es que instituciones deban aplazar inversiones en infraestructura, dejar de adquirir equipos médicos o retrasar el pago a proveedores de medicamentos porque el dinero simplemente no aparece. Cada peso que no llega tiene consecuencias concretas sobre la atención de los pacientes.

Aún más preocupante es que los servicios más afectados sean precisamente aquellos que atienden a la población más vulnerable: las mujeres gestantes, los recién nacidos, los niños y los pacientes que requieren atención de urgencias. Cuando una unidad neonatal cierra o un servicio de ginecobstetricia deja de operar, lo que está en juego no son únicamente indicadores financieros, sino vidas humanas que dependen de una respuesta médica oportuna.

El drama que viven instituciones como el Club Noel y el Hospital Universitario del Valle refleja la gravedad del momento. Mientras unos restringen cirugías por falta de especialistas o enfrentan dificultades para garantizar el suministro de medicamentos, otros han debido frenar proyectos de expansión y sacrificar inversiones para poder mantener abiertas sus puertas. Ninguna institución debería verse obligada a escoger entre pagar salarios, comprar equipos o garantizar tratamientos.

Los vallecaucanos merecen respuestas concretas y urgentes. Es necesario restablecer el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas, estabilizar la administración de las EPS intervenidas y ofrecer certezas a las instituciones que hoy sostienen la atención médica con enormes sacrificios financieros. Cada día que pasa sin soluciones aumenta el riesgo de nuevos cierres de servicios y de una mayor afectación para miles de pacientes.

El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de actuar con decisión antes de que el deterioro sea irreversible. Lo que hoy ocurre en el Valle del Cauca no es una simple crisis administrativa: es una emergencia que compromete el acceso a la atención médica de millones de personas. Jugar con los recursos de los hospitales es, en últimas, jugar con la vida de los colombianos.