Ayer fue el día en el cual Colombia celebró sus 212 años de Independencia y rindió homenaje a los soldados y policías que arriesgan sus vidas para ofrecer seguridad y tranquilidad a nuestra Nación. Es la oportunidad para solidarizarse con quienes cumplen una abnegada labor, alejada de cualquier prejuicio político e ideológico y padecen de primera mano las reacciones de los delincuentes y grupos criminales que deben combatir.

Hace unos días se conoció el anuncio del plan pistola mediante el cual el llamado Clan del Golfo ofrece dos millones de pesos por cada policía asesinado. Es la repetición de la estrategia adoptada por el narcoterrorismo hace treinta años, la manera de sembrar el caos y de reaccionar ante el acecho de las autoridades que al final triunfó, no sin antes dejar un aterrador saldo de muerte y destrucción en todo el país.

De esa misma manera están actuando contra los integrantes del Ejército, la Marina y la Aviación los grupos de narcotráfico y aquellos que se empeñan en presentarse como delincuentes políticos que luchan por los más necesitados y contra el Estado de Derecho en Colombia. Esos servidores públicos cumplen la misión y el juramento de hacer respetar la Constitución y las leyes, lo que los lleva a enfrentar con decisión a los criminales que atentan contra la vida de miles de seres humanos, de menores de edad que mueren en enfrentamientos, y pretenden imponer el terror en muchas regiones del territorio nacional donde la selva y la complejidad geográfica dificultan la presencia del Estado.

Esa actuación, silenciosa y decidida, le ha ganado a la Fuerza Pública el cariño y el respeto de los colombianos. Su contribución a la paz está demostrada en los resultados que se registran a diario en la persecución a quienes tienen el delito como una profesión y causan daño a toda la sociedad. Aunque se reconocen abusos y crímenes cometidos por algunos de sus integrantes que deben ser condenados y castigados de manera ejemplar, debe afirmarse que cumplen una invaluable labor en la defensa y el mantenimiento de la democracia en nuestro país.

Por eso es necesario mantener ese respaldo por encima de las diferencias que pueda despertar el resultado de las elecciones del pasado 19 de junio. Más ahora, cuando la llegada del nuevo presidente ha despertado grandes interrogantes sobre el rumbo que tomará la orientación de esos más de quinientos mil ciudadanos que conforman la Fuerza Pública.

No se necesita repetir que el nuevo presidente Gustavo Petro tiene facultades para establecer las directrices de su gobierno y cumplir sus propuestas de campaña. Pero tampoco sobra recordar que las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia han sido y son pilar fundamental para mantener la concordia y para enfrentar los hechos delincuenciales que, como el narcotráfico, el terrorismo y las asonadas, destruyen la convivencia.

Por eso, a la vez que brindar un homenaje, es el momento para pedir que se dé claridad al futuro de los soldados y policías colombianos y se evite involucrarlos en el debate político que se iniciará con el nuevo gobierno.