Perú, el país que lleva seis presidentes en cinco años y donde ningún mandatario en las últimas tres décadas se ha salvado de ir a la cárcel o verse involucrado en procesos de corrupción, se enfrenta a un futuro incierto. En medio de protestas de los seguidores del destituido Pedro Castillo y de los reclamos para que se convoque de inmediato a elecciones, se ignora si el gobierno de Dina Boluarte será de transición o se mantendrá hasta concluir el actual periodo presidencial.

La caída de Castillo, el profesor campesino de izquierda que ganó las elecciones en julio de 2021, era previsible. Se equivocó desde el principio en el nombramiento de su equipo de ministros, que cambio en reiteradas ocasiones desde los albores de su mandato, y en menos de 18 meses recibió la renuncia de seis jefes de gabinete, todos incapaces de manejar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Su conexión con el Congreso fue un desastre desde los inicios de su gobierno. Con la mayoría de parlamentarios le fue imposible lograr el consenso político que necesitaba para los proyectos que presentó.

Además se vio sometido a varias investigaciones y mociones de censura, y nunca consiguió el voto de confianza que pidió a los legisladores, lo que al final fue el donante para su frustrado intento de cerrar el Legislativo, su destitución posterior y para que hoy se encuentre detenido.

La duda ahora es qué pasará en el Perú. Si se pensaba que Dina Boularte, quien en su condición de vicepresidenta asumió el primer cargo de la nación, haría un rápido gobierno de transición, en el pueblo hay desconfianza sobre sus intenciones. Aunque en principio dejó entrever que llamaría a elecciones lo antes posible, con el paso de las horas y de los días su posición no es tan clara.

Por ello hoy en las calles del país pululan las manifestaciones de los seguidores de Castillo, que pretenden su restitución en el cargo.
También protestan quienes demandan que se convoque de inmediato a nuevos comicios, y aumentan las amenazas de paro de sectores como el minero, los campesinos y organizaciones indígenas, por lo que la
inestabilidad política, económica y social en Perú están a la orden del día.

El fuego lo atizan, sin duda, declaraciones como las del presidente colombiano Gustavo Petro, quien rechazó la destitución de Castillo y aseguró que el saliente mandatario había sido arrinconado desde el principio de su mandato por las élites, debido a su condición de maestro que ganó las elecciones populares. Así mismo, al considerar que sus derechos estaban siendo vulnerados, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicar medidas cautelares a su favor. Las voces de rechazo y las acusaciones de indebida intervención en asuntos de otra nación, no se han hecho esperar.

Luego de unos días convulsos, se espera que la calma retorne progresivamente al Perú y la transición hacia un nuevo Gobierno se logre de manera pacífica y ceñida a su Constitución. Por encima de todo, que se respete la tradición democrática de la nación, que se merece por fin tener la estabilidad política y social que se le ha negado por décadas.