58.020 familias afectadas y 18 personas fallecidas y 4 heridas, además de 10.346 viviendas averiadas y 3991 destruidas: ese es el lamentable balance que deja la inesperada temporada invernal que ha afectado 96 municipios de 16 departamentos del país durante los últimos días.

Sin duda, es una realidad compleja que debe convocar en primera instancia una respuesta inmediata de parte del Gobierno, a partir de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres, Ungrd, y de las administraciones regionales y locales, así como la solidaridad del resto de colombianos, que ven en los medios de comunicación imágenes tan desgarradoras como las que se muestran de los damnificados por las inundaciones registradas en varias poblaciones de Córdoba.

Pero al tiempo de que se tratan de mitigar las urgentes necesidades de quienes lo han perdido todo a causa de las lluvias, también corresponde llamar a que se establezcan las responsabilidades de que esas tragedias estén ocurriendo en el país en tan desproporcionadas dimensiones.

Porque si bien Colombia está siendo víctima de un inesperado frente frío que ha impactado la región Caribe, el desastre que están viviendo las familias afectadas en esa zona del país no es exclusivo de ese fenómeno que claramente no se podía prever, pero que sí es el resultado de los cambios que se están registrando a nivel climático en el mundo a causa de los abusos cometidos por los seres humanos contra el medio ambiente.

Cabe advertir entonces, por ejemplo, que si la Ungrd no hubiese sido presa del saqueo de recursos del que fue objeto al comienzo del actual Gobierno Nacional, de seguro se habría contado con fondos para invertir en obras de infraestructura que sirvieran para prevenir el daño generado por el desbordamiento de la hidroeléctrica de Urrá. Pero, como están las cosas, a duras penas se cuentan con los dineros para atender de manera inmediata a los afectados en sus necesidades más básicas.

Es por eso que el Presidente de la República ya habló de decretar una emergencia económica y social que, contrario a la que suspendió la Corte Constitucional semanas atrás, sí estaría más justificada, puesto que es urgente darles respuestas de corto, mediado y largo plazo a la calamidad que se registra en la Costa Caribe especialmente.

Solo que, dados los antecedentes de corrupción denunciados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres durante la actual Administración, igual generaría muchas dudas con respecto al real aprovechamiento que se haría de esos recursos, sobre todo en un año electoral, cuando aumenta el riesgo de que los dineros públicos sean destinado a la financiación de campañas políticas.

Aun así, es innegable que el Estado necesita invertir con prontitud en soluciones que ayuden a evitar la ocurrencia de más tragedias como la que padecen actualmente los damnificados de Córdoba y las que se podrían registrar durante la temporada invernal que está por iniciarse en el país, teniendo en cuenta que precisamente son las comunidades más vulnerables y carentes de recursos las más expuestas a las inundaciones y los deslizamientos, entre otros desastres.