El Gobierno Nacional anunció que en el primer semestre de 2023 presentará ante el Congreso su reforma a la salud. Así les notifica a los colombianos que continúa en firme su propuesta de hacer un cambio estructural al sistema actual, sin que aún se explique con claridad en qué consistirá la transformación.

Como lo han manifestado en diferentes escenarios, para el presidente Gustavo Petro y su ministra Carolina Corcho el sistema de salud que hoy existe en el país es ineficiente, por lo cual estarían considerando que su manejo regrese al Estado y que la prioridad se le dé a la atención primaria. Qué pasará con las Entidades Prestadoras de Salud y con los afiliados al régimen contributivo que hoy eligen libremente su entidad, o cómo se saneará la billonaria deuda de esas EPS con la red hospitalaria son interrogantes que no se resuelven todavía.

Si bien hay que reconocer que el sistema colombiano presenta fallas y necesita de ajustes urgentes para evitar una crisis que podría ser inmanejable, por lo cual demanda de la atención inmediata del Gobierno tal como lo reclamó en carta reciente la Procuradora General de la Nación, no se pueden ignorar sus bondades. La cobertura y el acceso para la gran mayoría de la población son algunas de ellas.

Hoy el 98% de los colombianos recibe atención a través de los regímenes contributivo o subsidiado, reconociendo así la salud como un derecho fundamental, tal como lo consagra la Constitución Nacional. Ello no significa que la prestación del servicio se dé con la calidad que demandan los usuarios en todo el territorio nacional o que esté ausente de deficiencias que requieren de la intervención del Estado para ser subsanadas.

Lo más grave es la deuda por $14 billones que se tiene con hospitales y clínicas, de los cuales las EPS son responsables del 72%, lo que ha llevado a una crisis en la red hospitalaria del país, como bien se ha visto en Cali y el Valle. La responsabilidad también le compete al Estado debido a sus incumplimientos en el pago de subsidios y de las cuotas por cada usuario.

No se pueden negar tampoco los problemas de corrupción y malas administraciones de algunas EPS, lo cual ha obligado a la intervención y en algunos casos a la liquidación de muchas de esas entidades. Eso no quiere decir, sin embargo, que el sistema deba regresar a manos exclusivas del Estado o que se deba acabar con lo que sí ha funcionado mientras se pone en riesgo la prestación de un servicio con el que millones de colombianos están satisfechos y que ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud como uno de los mejores del continente.

Las decisiones que tome el Gobierno Nacional y la reforma que presente ante el Congreso deben estar en concordancia con lo que reclaman los usuarios, lo cual incluye mantener la parte del sistema que es eficiente tanto como la participación privada que permitió aumentar la cobertura y en general brindar mejores servicios. El derecho a la Salud de 50 millones de ciudadanos no se puede poner en riesgo ni se debe destruir de un tajo lo que se ha construido con esfuerzo durante los últimos 30 años.