A doce días de realizarse las elecciones que definirán el Congreso de la República para los próximos cuatro años y las consultas que escogerán tres de los candidatos para la primera vuelta presidencial, los llamados son insistentes sobre la necesidad de ofrecer seguridad y confianza en sus resultados. Es el evento que permite la continuidad de la democracia colombiana, por lo cual es necesario garantizar que el Estado hará lo que corresponda para su éxito.

A través del tiempo, tanto los gobiernos como la organización Misión de Observación Electoral han elaborado y presentado los mapas de riesgo, es decir, los puntos de la geografía nacional en los cuales se pueden generar dificultades para ejercer el derecho a elegir, debido a la amenaza de hechos violentos o a las posibilidades de fraude en contra de la voluntad popular. Aunque por fortuna no todas de esas alertas se cumplen y la mayoría han sido atendidas por las autoridades civiles, militares y electorales, la amenaza sigue siendo real.

Está en primer lugar el reto que plantea el intento de los grupos de violencia empeñados en impedir la realización de las elecciones o en obligar a los electores para que elijan a sus candidatos. Esa alerta debe ampliarse el próximo 13 de marzo, cuando se elegirán también las dieciséis curules de paz establecidas en los acuerdos con las Farc, y que deben representar a los municipios más afectados por la violencia y definidos en el citado acuerdo.

Luego sigue la posibilidad de que se presenten los acostumbrados vicios que distorsionan la representación popular, como la compra de votos, el traslado de electores y el sorprendente hallazgo de más electores que habitantes en varios municipios. Esos males, endémicos ya y conocidos con suficiencia y amplitud, no ha sido posible erradicarlos no obstante las continuas declaraciones de los organismos electorales, judiciales y de todo orden sobre su compromiso y los operativos para anticiparse a esos hechos y de perseguir a quienes cometen tales delitos contra el sufragio y la fe pública.

Por último, y no menos importante, desde algunos sectores se han expresado inquietudes sobre la empresa contratada por la Registraduría Nacional del Estado Civil para procesar los resultados de las elecciones.
Aunque se han dado toda clase de explicaciones y se ofrecen todas las seguridades necesarias para garantizar la transparencia, no sobra estar atentos para evitar sorpresas desagradables.

Como puede verse, asegurar el buen suceso de las elecciones no es solo un asunto de orden público que esté a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares que, valga la oportunidad para reconocerlo, siempre han cumplido con su deber. Es ante todo una obligación que corresponde al Estado en su conjunto, desde las alcaldías hasta la Presidencia de la República, desde la Fiscalía hasta las Cortes y desde los funcionarios de la Registraduría hasta el Consejo Nacional Electoral.

Todos ellos deben garantizar el buen suceso del proceso electoral que tendrá lugar el próximo 13 de marzo, cuando los ciudadanos elegirán a sus voceros en el Legislativo.